Esta fue la acusación que realizó el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Hernán Ordiales al comenzar este lunes el “jurado de enjuiciamiento” de Romano que podría culminar con su destitución.

Ordiales “quien junto a su colega Carlos Moreno actúan como acusadores- lamentó que el cuestionado juez se hubiese transformado en un prófugo de la justicia” ya que un día antes que el plenario del Consejo decidiera su suspensión y enviarlo a juicio político, huyó a Chile donde se le otorgó visa temporaria por ocho meses.

”Esa indignidad ya merece por sí sola la destitución”, dijo Ordiales quien enfatizó que esa conducta “agrava la situación” ya que “se sustrae de la acción de la justicia pretendiendo crear un conflicto diplomático”.

El acusador no dudó en calificar al magistrado suspendido como “funcional al plan represivo de la dictadura” ya que “contrarió intencionalmente, deliberada y voluntariamente su obligación de investigar” los delitos de lesa humanidad cometidos cuando él era fiscal y juez subrogante durante la gestión que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

En esos años hubo jueces “cómplices y encubridores del terrorismo de Estado” historió Ordiales, quien ubicó en ese grupo al camarista cuya remoción solicitó por su “evidente desprecio por los derechos humanos” lo que evidenció en los hábeas corpus que rechazaba y la desestimación de las denuncias que se presentaban por violaciones a los derechos humanos.

El consejero también expresó su beneplácito porque “las instituciones pueden más que las corporaciones judiciales, algo que hasta no hace mucho parecía imposible”, en una definición que fue compartida por la Defensora Oficial Estela Fabiana León.

La letrada anticipó que su estrategia se limitará a aspectos técnicos y formales de la acusación para ejercer la asistencia técnica de Romano con quien admitió “no pensar como él” y citó una frase atribuía al ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni quien afirmó que “no basta coincidir para absolver ni discrepar para destituir”.

Tras las exposiciones de la acusación y defensa el jurado de enjuiciamiento comenzó la etapa de recepción de alrededor de medio centenar de testimonios que, se prevé, se extenderán hasta el 25 de noviembre próximo, fechas que podrían acortarse ante el eventual desistimiento que efectúen las partes.

El cuestionado juez, que es juzgado en ausencia y cuya remoción pretende la acusación, está procesado por más de un centenar de hechos vinculados a delitos de lesa humanidad y esa medida fue confirmada por la Cámara Federal mendocina.

El camarista suspendido tiene pedido de captura internacional por parte del juez mendocino Walter Bento, pero esto no puede hacerse efectivo mientras conserve sus fueros, y si llega a ser destituido dependerá de la decisión que al respecto se tome en Chile.

En este juicio político el jurado está presidido por la jueza María Alicia Noli e integrado su colega María Susana Najurieta, los senadores Rolando Bermejo y Emilio Alberto Rached, los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Antonio Sahade, en representación de los letrados matriculados.

En total, Romano está acusado en el jury por siete cargos relativos a "haber omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo la promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad".

A raíz de esto se le endilga "haber resultado funcional al plan represivo montado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el marco del terrorismo de Estado durante el período 1975-1983 en la provincia de Mendoza".

Todos los hechos ocurrieron entre 1975 y 1983, cuando se desempeñó como fiscal federal y juez subrogante, respectivamente.

Otro cargo por el que está acusado es el archivo sin investigación de la apropiación de Rebeca Manrique.

El expediente por la apropiación fue archivado en 1987 y la joven recuperó su identidad muchos años después, cuando otro magistrado lo reabrió y la identificó como hija biológica de un matrimonio secuestrado en 1977.