En tiempos en los que el Gobierno exprime cada partida para reducir el déficit, el Estado acarrea un conjunto de empresas fantasma, compañías declaradas en liquidación que devinieron virtuales sellos de goma sin actividad ni ingresos que año a año le demandan millones al presupuesto público. Desde algunos medios de comunicación (como ATC) hasta juegos de azar (como Lotería Nacional), el sector aerocomercial (Lafsa) o el negocio de los seguros, estas compañías estiraron su disolución y consumieron más de US$ 173 millones del Estado en las últimas dos décadas, según publica La Nación.

Un caso es el de la vieja Argentina Televisora Color (ATC), que ya no emite ni produce contenidos y este año tiene asignado un presupuesto de $1,3 millones. Nació en 1979 por disposición del gobierno militar que le asignó la operación del histórico canal 7, cuya señal aún está bajo tutela estatal. La empresa inició sus transmisiones en 1980. En la gestión de Carlos Menem se reconvirtió en sociedad anónima y tuvo a Gerardo Sofovich como director. Envuelta en iniciativas que planteaban su privatización, en 1996 fue la primera empresa pública en presentarse en convocatoria de acreedores, por una deuda que rondaba los US$70 millones. En 2001, el entonces presidente Fernando De la Rúa creó el Sistema Nacional de Medios Públicos, que absorbió la operación del canal, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam. En ese marco, el decreto 94/2001 firmado por De la Rúa dispuso la disolución y liquidación de ATC.

En 18 años sin actividad, ATC le demandó al Estado un total de $8,2 millones, equivalentes a US$1,6 millones, según el relevamiento realizado por ese diario a partir de los balances publicados en el Boletín Oficial. En 2017, la antigua compañía no tuvo ingresos pero le costó a las arcas públicas $1.044.019. Para este año sus gastos de operación explicitados en el presupuesto anual ascienden a $1,38 millones.

"El motivo central de los pagos a empresas en liquidación tiene que ver con los juicios que tienen todavía esas firmas y se pagan con bonos en un proceso que demora. Un juicio laboral en una empresa como ATC, por ejemplo, lleva varios años y cuando sale la sentencia se paga en bonos. Son cuestiones residuales pero que llevan mucho tiempo en cerrarse", explicó a La Nación Rafael Flores, expresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Una historia similar es la de Télam, la agencia pública de noticias que recientemente dispuso un ajuste de casi el 40% de su plantilla. En 2001, su operación también quedó en la órbita del Sistema Nacional de Medios Públicos y para ello se creó una nueva empresa (Télam Sociedad del Estado) que absorbió todos sus activos.

En simultáneo, la vieja Télam Sociedad Anónima Informativa y Publicitaria (Télam SAIyP) entró en liquidación para su disolución final, pero el proceso se extendió hasta este año. Entre 2001 y 2017, y pese a no tener actividad ni bienes, esta firma le generó gastos al Estado por $96,3 millones (alrededor de US$20,1 millones), para sostener la estructura encabezada por un liquidador, que llegó a contar con hasta cuatro empleados.

En 2017, la vieja Télam demandó $5,6 millones, mientras que el presupuesto de la agencia operativa fue de $972,1 millones. Para 2018, Télam SAIyP, en tanto, tiene asignado un presupuesto de $2,5 millones que será el último: la Resolución 779-E/2017, publicada en diciembre de 2017 en el Boletín Oficial, dispuso finalmente la disolución final de la antigua agencia.

El caso más reciente

La última empresa estatal en ser declarada en liquidación es Lotería Nacional S.E., cuyo proceso se inició en febrero de este año. Fue oficializado a través del decreto 95/2018, que estableció que el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Carolina Stanley, estará a cargo de la disolución de esta empresa

"Los estados contables de la sociedad revelan que se encuentra comprometido el principio de empresa en marcha", detalló el decreto que dispone la liquidación de la firma fundada el 16 octubre de 1893 a instancias del Congreso de la Nación.

Al momento de decidir su cierre, la firma cuya histórica sede está ubicada en Santiago del Estero 126 había reducido su tamaño y solo operaba La Grande de la Nacional y el célebre Prode, que fue discontinuado.

En julio de 2017, el Gobierno oficializó la transferencia de un conjunto de juegos (Loto, La Solidaria, La Quiniela, entre otros) a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, ente con competencia sobre los juegos de azar en el ámbito porteño.

La aerolínea que nunca despegó

A Líneas Aéreas Federales S.A. le cabe, quizá mejor que a ninguna, el mote de empresa fantasma del Estado. Se trata de una compañía aerocomercial creada en 2003 por Eduardo Duhalde con el plan original de ser privatizada. Nunca despegó.

"Dispónese la constitución de una sociedad anónima con vocación de transitoriedad en la órbita estatal y hasta tanto se privatice", dice el DNU 1238/2003 firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde el 21 de mayo de 2003, cuatro días antes de la asunción de Néstor Kirchner. Según planteó el Gobierno entonces, la decisión de crear una nueva aerolínea apuntaba a sostener la actividad del sector luego del cese de actividades de Dinar y Lapa, que quebró en abril luego de 26 años de operación.

Al año siguiente de su creación, Lafsa recibió la aprobación para su solicitud de rutas aerocomerciales, que incluían viajes hacia Salta, Iguazú, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Ushuaia y las Islas Malvinas. Sin embargo, en seis años de aparente actividad nunca un vuelo de Lafsa despegó en el país.

Seis años después, mediante el decreto 1672 del 2009, entró en liquidación por decisión de Cristina Kirchner. Inicialmente, ese proceso debía completarse en 180 días, aunque el Gobierno luego extendió los plazos, y Lafsa siguió recibiendo dinero estatal hasta 2012. Ese año, la aerolínea que nunca voló contaba con cinco empleados y un presupuesto de $2,5 millones. En los años que demandó su liquidación, Lafsa recibió fondos por un total de $8 millones (US$1,9 millones).

La mayor liquidación

La liquidación más extensa y onerosa para el Tesoro fue la del Instituto Nacional de Reaseguros (Inder). El proceso, que se extendió por 25 años, comenzó en 1992 y se cerró finalmente en abril de este año, con una erogación total estimada en US$150 millones.

Este organismo público, que había sido creado en 1952 en el segundo mandato de Juan Domingo Perón, monopolizó por décadas el negocio del reaseguro, hasta que en 1992, en el marco del plan de reforma del Estado impulsado por Carlos Menem y Domingo Cavallo, se dispuso su disolución. Fue a través del decreto 171/1992, firmado por el entonces ministro de Economía, que habilitó así la apertura del mercado y el avance de firmas privadas sobre el sector.

De acuerdo con esa normativa, fechada el 23 de enero, el Inder se declararía disuelto en poco más de dos meses, el 31 de marzo de ese año. El proceso, sin embargo, se extendió por 25 años, y estuvo plagado de polémicas y disputas entre el Estado y las compañías de seguro privadas. Estas exigían que el Inder se hiciera cargo de una deuda por US$2000 millones, aunque luego se demostró que ese pasivo era de US$500 millones.

La historia del Inder se cerró este año, cumplidos los 90 días que fijó la resolución 743 publicada el 19 de diciembre de 2017 por el Ministerio de Hacienda. En sus más de 25 años, el proceso incluyó a 19 liquidadores. Según indicaron a La Nación fuentes de Hacienda, el cierre del Inder implica al Tesoro un ahorro de $60 millones anuales.