Ordenan la detención de más de una docena de represores en Rosario

El juez federal Daniel Rafecas pidió la captura de 15 represores que son  investigados en varios hechos de secuestro y aplicación de tormentos durante la última dictadura militar. Todos estos delitos fueron cometidos en el centro clandestino de detención conocido como "Puente 12" o "Protobanco".

Ordenan la detención de más de una docena de represores en Rosario

Sociedad

Unidiversidad

Publicado el 07 DE NOVIEMBRE DE 2011

Fuentes judiciales informaron que la orden fue dictada en el marco de la "megacausa" del Primer Cuerpo del Ejército, y en ella concretamente se investigan los secuestros y torturas de unas 120 víctimas, de las cuales una treintena están desaparecidas, en el centro clandestino ubicado en Camino de Cintura y Richieri, y que funcionó entre 1974 y 1977.

Rafecas dispuso la detención de los ex comisarios de la Policía Bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, y los suboficiales José Sánchez, Ángel Salerno y Carlos Tarantino, todos detenidos en el marco de otras causas por violaciones a los derechos humanos.

Entre otros hechos, a los acusados se los responsabilizó por llevar a cabo un operativo ilegal en una casa del barrio de Palermo el 5 de noviembre de 1975, en el que fuera asesinada María Teresa Barvich, y secuestrados Noemí Moreno (embarazada de siete meses), Norberto Rey, los hermanos Washington y Juan Carlos Mogorodoy, Blanca Becher y Griselda Lazarte. Todos ellos estuvieron alojados en "Puente 12" en donde fueron víctimas de tormentos.

Rafecas también ordenó la detención de Eduardo Alfredo Ruffo  y Raúl Antonio Guglielminetti, ambos detenidos en el marco de otra causa, de Hugo Idelbrando Pascarelli, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, y del ya detenido Miguel Etchecolatz, todos acusados de ser "autores mediatos" de esos delitos de lesa humanidad.

El centro clandestino "Puente 12" comenzó a funcionar en el año 1975 y allí estuvieron varias personas cautivas hasta febrero de 1977, y en el lugar -tal cual acreditó el juez en su investigación- "se sometió a las víctimas a condiciones infrahumanas equiparables a torturas, tales como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, la privación de agua y alimento".

Sobre las víctimas había una "prohibición de ir al baño, la exposición en desnudez, la amenaza constante con ser torturado físicamente, interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas".

Fuente: NA