Denuncian usurpación e intento de asesinato a campesinos de Lavalle

Las comunidades nucleadas en la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza hicieron pública la denuncia en la que está involucrado un ex subcomisario que, junto a otros efectivos de la Policía provincial, pretendía desterrar a puesteros utilizando armas de fuego. También acusan de cómplices a los funcionarios de la Fiscalía departamental por discriminarlos y desoírlos. Convocan a un acto repudio para este jueves 13 de febrero.

Denuncian usurpación e intento de asesinato a campesinos de Lavalle

Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza

Sociedad

Unidiversidad

Edición UNCUYO

Publicado el 12 DE FEBRERO DE 2014


Desde hace dos meses, familias campesinas de las comunidades de Jocolí Norte y La Estación, distritos de Lavalle, sufren intentos de usurpación de su campo comunitario por parte del ex subcomisario de la Policía provincial, Esteban Rivas, según denuncian desde la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza (UST). La situación se ha visto agravada en las últimas horas por la represión que sufrió un adolescente mientras resistía los intentos de desalojo. 

"Esteban Rivas, ex subcomisario de la Policía de Mendoza, argumenta trabajar para una empresa extranjera que, según dice, ha comprado el campo comunitario. Esta supuesta compra no tiene ningún sustento legal, ya que la empresa no tiene la posesión del campo ni ningún elemento que acredite dicha compra", asegura el comunicado que la organización social emitió a través de los medios de comunicación este miércoles, y agrega: "Rivas y sus sicarios han intentado en reiteradas ocasiones ingresar casillas y máquinas topadoras, y alambrar, con el fin de quedarse con el campo que pertenece ancestralmente a las comunidades campesinas".

Cabe recordar que las comunidades organizadas en la UST resisten sistemáticamente estos embates que empresarios internacionales y nacionales realizan sobre sus tierras en complicidad con efectivos policiales y funcionarios judiciales. En este caso en concreto se denuncia la participación de Rivas y de los agentes de la subcomisaría de El Porvenir, y la connivencia de empleados de la Oficina Fiscal Nº 7, Seccional 17 de Lavalle - Las Heras.



Represión policial

La represión y el abuso de poder del que son víctimas los puesteros y las familias lavallinas se evidencia en la denuncia que desde la UST decidieron hacer pública por estas horas: "El día 9 de febrero por la noche un joven puestero, miembro de una de las familias de la comunidad de Jocolí Norte, es atacado con armas de fuego desde un móvil policial.

Alrededor de las 23.30 el joven de 16 años estaba llegando a  su puesto con algunos de sus animales, cuando la camioneta policial se acerca y desde su interior, sin mediar palabra, le efectúan un disparo que no da en el blanco. Luego de esto decide internarse en el campo para protegerse, ante lo cual la camioneta realiza una maniobra en `U` y los policías efectúan dos disparos más contra el puestero y se retiran.

Posteriormente, alrededor de las 00.30, Pablo Sarmiento, miembro de la comunidad y padre del adolescente, escucha un vehículo que frena frente a su puesto y se efectúan tres disparos que terminan con la vida de un ternero y hieren a otro animal. Ante esto Pablo grita a los agresores, recibiendo como respuesta tres tiros más sobre la vivienda. Acto seguido el vehículo se retira a toda velocidad. Luego de denunciada esta situación se ha visto el móvil en las últimas horas circulando sin sus correspondientes chapas patentes". 


Complicidad judicial


Las denuncias realizadas por los campesinos sobre estos hechos en la Fiscalía Nº 7 no han sido acordemente recibidas, por lo tanto no han tomado el cauce judicial pertinente, según expone la UST en su comunicado. También manifiestan haber sufrido discriminación de parte del ayudante de fiscal a cargo de la causa, Humberto Panelli, y otros funcionarios, al momento de efectuar las denuncias. No obstante, Panelli aseguró ante
Edición UNCUYO que la causa se encontraba en la etapa de instrucción bajo secreto de sumario, por lo que se negó a brindar mayores detalles.

"Ante estos hechos y la impunidad con la que se mueven estos delincuentes, decidimos movilizarnos a la Fiscalía para exigir la actuación con celeridad e imparcialidad de la justicia", expresa la organización sobre el final de su notificado. 

La convocatoria del acto repudio a las autoridades policiales y judiciales de Lavalle es para el día jueves 13 de febrero a las 10 de la mañana en la puerta de la Fiscalía Nº 7, frente a la plaza departamental. La invitación se extiende a todas las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general para exigir: "¡Basta de desalojos a las comunidades campesinas! ¡Basta de migración forzada hacia los cinturones de pobreza! ¡Por la vuelta al campo de los expulsados y la Soberanía Alimentaria!".

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