María Elina Gudiño participó activamente en el estudio e investigación del Proyecto de Ordenamiento Territorial que consiguió transformarse en ley en 2009, pero que aún no se encuentra en aplicación. Las dilaciones políticas para que esto suceda, aumentan las posibilidades de que la Provincia afronte accidentes climáticos de magnitud similar a las que presentaron las recientes tormentas en Buenos Aires, dejando el tremendo resultado de miles de familias damnificadas y aproximadamente 51 personas fallecidas.  El programa “Café Universidad”, de la emisora 96.5 FM  y conducido por el periodista Marcelo Ripari, consultó a la especialista sobre este tema.

Desde el punto de vista de la infraestructura, ¿en Mendoza podríamos llegar a tener los resultados de La Plata y Buenos Aires, tras una tormenta de ese tipo?

Podríamos llegar a tener problemas similares. La naturaleza necesita que se la entienda y que se la respete. Sus procesos suelen ser a largo plazo. El Estado tiene la obligación de prever situaciones, esto es, planificar. La planificación, la mayoría de las veces, excede cualquier período político. Eso es fundamental para prevenir consecuencias tan tremendas de estas catástrofes.

Estas ciudades están propensas a sufrir este tipo de situaciones porque no se planifica, se construye donde a algunos les parece que debe ser o donde existe determinado interés económico, sin tener en cuenta las condiciones propias del lugar. Tampoco se conocen –o se respetan los conocimientos– de los efectos que puedan tener determinadas construcciones sobre otros lugares.

En Mendoza ya se ha visto cómo, con algunas tormentas, hay calles inundadas de la ciudad que antes no se inundaban. Eso se debe no solo a la falta de infraestructura acorde, sino además a que no se impermeabilizan determinadas zonas y no se hacen las obras correspondientes.

El gran ejemplo es la construcción sobre el oeste, sobre el piedemonte. ¿Cómo analiza este avance de la urbanización?

La construcción sobre el piedemonte exige regulación, lo que no significa no construir. Es necesario calcular las densidades, determinar las tipologías urbanas que puedan ser adaptadas, y asumir que, en algunos sitios, directamente no se puede construir porque no dan las condiciones del medio.

¿Deberían directamente prohibirse nuevas construcciones sobre el piedemonte?

Desde el CIFOT y junto a otros investigadores –como el ingeniero Alberto Vich, quien es especialista en el tema aluvional– hemos publicado un estudio de variables físico-naturales y también urbanas, que  determinan zonas donde no se puede urbanizar y otras donde la densidad de urbanización tiene que ser mucho más baja de lo que es actualmente. También se analiza cómo se tendría que realizar la construcción de los distintos caminos, porque las curvas de nivel deben ser respetadas necesariamente, y eso no es tenido en cuenta en varias ocasiones.

Esto es importante porque señala la dirección hacia donde debería correr el agua. Muchas veces esos canales aluvionales terminan llegando a los canales de riesgo, que cumplen otra función. La infraestructura fue adaptada para otra realidad y para otras características que tenía la ciudad. Hoy terminan muchas veces en acequias. Eso es lo peligroso, la limpieza de los mismos canales debe ser mantenida de manera permanente para que fluya, por ejemplo.

El diagnóstico que ha hecho el Departamento General de Irrigación es muy acertado, ya que a través de él dispone una gran parte de su presupuesto a la limpieza de los cauces. Sin embargo, queda evidenciado que esto debe ser acompañado de educación comunitaria. Sobre eso hay que trabajar, además.

¿La Ley de Ordenamiento Territorial debería solucionar en parte este problema?

Exactamente, uno desearía que la ley ya estuviese implementada pero el proceso es muy lento, aunque podemos asegurar que va encaminado. La norma prevé la planificación y la previsión de las condiciones físico- naturales de cada lugar. Hay diferentes escalas de acciones, desde lo provincial hasta lo municipal, entonces la ley aplicada dará respuesta a todos estos problemas.

Cuando habla de lentitud, ¿se refiere a cuestiones burocráticas o a las que hacen directamente a la aplicación?

En gran parte es burocrático, pero también tiene que ver con las gestiones políticas. A partir de la sanción de la ley ha habido tres cambios en la Secretaría de Ambiente, y cada vez que asume una nueva conducción es como empezar de nuevo. Los tiempo políticos son principalmente los que demoran este proceso, más que los académicos e investigativos. La ley ya ha sido sancionada, hay partes que ya deberían estar implementándose. Existen además los proceso de planificación que exigen su tiempo para que se lleven a cabo seriamente.

Por lo pronto, ¿cómo ve que se está llevando a cabo el desarrollo urbano de Mendoza en general?

Caótico, se construye en donde el mercado define que se haga. Muchas veces los municipios hacen oídos sordos a las condiciones o a las características del lugar. Se fija un instrumento de evaluación de impacto ambiental cuya metodología está completamente desactualizada, porque es solamente un trámite burocrático que no cumple las funciones que tiene que cumplir. Se instalan obras en cualquier lugar y después empiezan las demandas para el mismo Estado: que hay que llevar agua, luz y una serie de cuestiones lógicas para la población.

Además, es importante que no se piense solamente en el Gran Mendoza,  sino en que tenemos una provincia de gran extensión donde se están vaciando –o directamente desapareciendo– pueblos pequeños, ya que todos quieren vivir en la gran ciudad debido al acceso a los servicios y a las fuentes de trabajo que ofrece.

Entonces, la política no debe velar sobre análisis sectoriales de la realidad, sino sobre un análisis territorial de los requerimientos de la población en cada lugar.