La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela designó este viernes 21, en una plaza, a 33 nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión no reconocida por el Gobierno y por los jueces en ejercicio de ese cuerpo, cuya Sala Constitucional pidió que se apliquen "acciones de coerción" contra el legislativo de mayoría opositora por cometer delitos de "usurpación de funciones".

La elección de un nuevo Tribunal implica que coexistan ahora dos máximas instancias judiciales en el país, lo que agrava el conflicto de poderes existente desde que el TSJ reconocido por el Ejecutivo declaró "en desacato" al Parlamento.

Sin los diputados del oficialismo, los parlamentarios opositores aprobaron por unanimidad el nombramiento en una sesión celebrada al aire libre, en una plaza del este de Caracas. La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no reconoce a los 33 miembros en ejercicio del Supremo por supuestas irregularidades en su nombramiento, ocurrido entre diciembre y enero de 2015 por parte del Parlamento saliente, de mayoría chavista.

Esas designaciones fueron apenas días antes de que asumieran los legisladores salidos de las elecciones de diciembre del 2015, que le dieron mayoría opositora a la AN.

"No olvidemos por qué estamos acá: queremos pasar de Venezuela violenta y arruinada, a la de la paz y justicia", dijo el presidente del Parlamento, Julio Borges, en alusión al ataque a la sede legislativa de parte de grupos señalados como chavistas, el mes pasado.

El diputado Carlos Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, reseñó que lo que hizo la Cámara chavista en 2015 "fue un proceso ejecutado a trocha y mocha, como lo vieron todos los venezolanos" en ese momento, consignaron las agencias DPA y EFE. Además, según el parlamentario, "se designaron personas que no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley", y una vez en sus cargos estos jueces emitieron "pronunciamientos nefastos" que, en su opinión, desconocen la voluntad popular.

Los nuevos jueces elegidos por el Legislativo fueron propuestos por un comité de postulaciones que contó con el concurso de representantes de la sociedad civil, según se establece en la Carta Magna.

Menos de un par de horas después, la Sala Constitucional del TSJ pidió que se apliquen "acciones de coerción" contra el Parlamento por delitos de "usurpación de funciones" por esas designaciones.

"Ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional", advirtió el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.