Empieza una semana clave en los juicios de lesa humanidad

Se juzgarán crímenes contra 24 trabajadores de la planta Ford. También habrá audiencias de otras causas, conocidas como Montiveros, Faced III, ESMA IV y la Noche del Apagón, entre otras.

Empieza una semana clave en los juicios de lesa humanidad

Derechos Humanos Unidiversidad por Unidiversidad / Fuente: Página 12 / Publicado el 10 DE DICIEMBRE 2018

Los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la Ford (17 de ellos fueron secuestrados dentro de la planta de la empresa en General Pacheco) tendrán un primer cierre mañana martes 11 de diciembre, cuando el Tribunal Oral Federal N.º 1 de San Martín dicte la sentencia contra el exjefe de Manufactura de la empresa, Pedro Müller, y su exjefe de Seguridad, Héctor Sibila. El tribunal también juzga la responsabilidad del represor Santiago Riveros.

Las querellas y la fiscalía pidieron 25 años de prisión para estos tres acusados. Es la primera vez que directivos de una multinacional son juzgados por la implicación directa de la empresa en los delitos durante la dictadura. 

Las audiencias comenzaron en diciembre de 2017 y, para la querella, en el proceso quedó acreditado que directivos y empleados jerárquicos de Ford tomaron decisiones y dieron colaboración concreta para los secuestros. Por ejemplo, armaron las listas de los que debían ser "levantados", entregaron fichas laborales con sus fotografías a los represores y les dieron vía libre para moverse dentro de la fábrica. La Ford aportó camionetas con las que esos trabajadores fueron secuestrados de sus puestos de trabajo y cedió quinchos de la planta para que fueran allí torturados.

El caso permitió mostrar la actuación de la pata civil del terrorismo de Estado, aunque por su difícil avance y el tiempo transcurrido, murieron impunes personajes altamente comprometidos con aquellos crímenes. En el caso de Ford, quien fuera presidente de la planta durante los años de la dictadura, Nicolás Courad, falleció en 1989 sin siquiera ser investigado, y el exgerente de relaciones laborales Guillermo Galárraga llegó a estar procesado, pero falleció en 2016. También murieron varios exempleados que sufrieron los hechos.

 

Esta semana también habrá avances importantes en otras causas

Este lunes 10 continuarán las audiencias del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Ese mismo día, se leerán los alegatos en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "Sheraton", que funcionó en la sede de la subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza.

El martes continuará el juicio por delitos de lesa humanidad que se cometieron en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos. Además, proseguirá en Córdoba el proceso oral y público en la denominada causa "Montiveros" (ex "causa Soria"), que tiene 21 imputados, en su gran mayoría expolicías pertenecientes a lo que fue el comando radioeléctrico que, durante la última dictadura, funcionaba bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menendez.

El miércoles continuarán en Rosario las audiencias testimoniales en el juicio conocido como "Faced III", que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe contra 152 víctimas.

El jueves habrá nuevas audiencias en Jujuy, en el juicio en el que se investigan los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar. También seguirá en Buenos Aires el juicio que comenzó la semana pasada por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como "Coordinación Federal" y "Garaje Azopardo", ambos dependientes de la Policía Federal.

El viernes proseguirá en San Luis el juicio "Magistrados", que busca determinar la responsabilidad penal de quienes al momento de los hechos se desempeñaban como juez y fiscal federal de la provincia, y su cooperación con el plan criminal implementado por la última dictadura.

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