En un análisis minucioso del reglamento publicado, Ilsed manifestó su rechazo al reglamento de Bullrich en los siguientes puntos:

En primer término, no es necesario ampliar, como aquí se pretende, la doctrina de las Naciones Unidas sobre el uso progresivo y excepcional de la fuerza pública, ya que de esas limitaciones no ha derivado ningún problema de seguridad. La demagogia al respecto puede, fácilmente, conducir a una escalada de violencia y de abusos. En segundo lugar, las declaraciones públicas de la ministra de Seguridad distorsionan las disposiciones de la legislación vigente –y la propia letra del reglamento–, con la mera intención de enviar a las fuerzas policiales y de seguridad una señal favorable para la extensión de sus facultades. Que, por otra parte, es falsa: lo que constituya el ejercicio legítimo de un deber será determinado por los jueces y no por un protocolo de actuación, ni mucho menos por un mensaje ministerial.

Finalmente, ese control judicial ya ha establecido los límites del uso de la fuerza sobre la base de la Constitución Nacional y la normativa internacional que rige la materia. Se trata de una de las bases fundamentales de la convivencia democrática y se está intentando arremeter contra ella.

Garavano y Carrió, ahora enfrentados por la flexibilidad en el uso de armas

El ministro de Justicia desmintió a la diputada, que había asegurado que esta normativa "viola los derechos humanos fundamentales".

Escuchá la entrevista completa a Eugenia Carrasco, directora del Ilsed.