La Cámara de Diputados dio sanción final este miércoles al proyecto de ley del Poder Ejecutivo mediante el cual se pretende poner un freno al robo y comercio ilegal de neumáticos y autopartes de dudosa procedencia, como así también propiciar la presencia del Estado en el control permanente de los establecimientos dedicados a la compra y venta de estos elementos. Según señalan los fundamentos de esta iniciativa, el objetivo de este control no solo se basa en objetivos “tributarios y administrativos, sino en la lucha contra el delito y contra la inseguridad, desarticulando de este modo el circuito de venta clandestina de autopartes, cubiertas y neumáticos”.

La ley establece que la autoridad de aplicación del Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y venta de sus autopartes es la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y, en el ámbito provincial, el Ministerio de Seguridad.

La autorización definitiva para desarmaderos emitida por el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (Rudac) “es la única válida a los efectos de esta ley, la cual deberá encontrarse a la vista del público en el local de venta y también en forma digital si su ofrecimiento fuere a través de la web, teléfono, redes sociales u otra forma tecnológica, o en los medios de comunicación cualquiera sea su forma”.

Dispone además que el personal policial que, realizando inspecciones en desarmaderos, locales de compra y venta de autopartes, gomerías y locales de compra y venta de neumáticos y ruedas, advierta la posible comisión de un hecho ilícito, deberá dar inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal y solicitar “las medidas procesales que considere necesarias para hacer cesar los efectos del delito en forma inmediata”.

El funcionario judicial interviniente podrá secuestrar aquellos elementos que no cuenten con la documentación respaldatoria correspondiente y, además, disponer su inmediata destrucción y/o compactación. El procedimiento para tal medida estará a cargo del Ministerio de Seguridad y deberá realizarse en el término de 24 horas hábiles de ordenada la medida. Los elementos a destruir deberán estar custodiados por personal policial con el fin de asegurar el resultado del procedimiento.

Dieron sanción inicial al proyecto para frenar el robo de autopartes

Senadores aprobaron con 33 votos a favor y 1 en contra la iniciativa del Gobierno provincial para desalentar la sustracción y venta ilegal de estos elementos.

En ese sentido, la ley establece, entre otros conceptos, que la destrucción y/o compactación podrá efectuarse en el mismo lugar donde se realizó el secuestro y que el Ministerio de Seguridad realizará la medida por sí o por un tercero bajo las formas de contratación del Estado, teniendo en cuenta todas las disposiciones ambientales vigentes en la Provincia. Por otra parte, dispone que la compra de autopartes y/o elementos del automóvil en desarmaderos o locales de compra y venta de autopartes que no cuenten con la autorización definitiva del Registro Único de Desarmaderos de Autopartes y Actividades Conexas (Rudac) encuadra en las disposiciones del artículo 116 del Código Contravencional. Finalmente, la Ley sancionada en Diputados autoriza al Poder Ejecutivo a realizar convenios con organizaciones sociales que tengan como objeto la reutilización de neumáticos.

La fundamentación destaca que en esta normativa “se coordina la actuación del Ministerio de Seguridad en su función de autoridad de aplicación de la Ley N.º 25671 con el Ministerio Público Fiscal de la provincia y los jueces contravencionales, mediante un procedimiento específico de actuación por el cual el Estado en su conjunto lucha contra el flagelo del robo de autopartes y neumáticos, problemática que actualmente aqueja a la sociedad toda, la cual reclama la urgente intervención del Estado”.

El debate

Durante el debate en el recinto, el diputado Jorge Albarracín (UCR) hizo hincapié en que “la compactación de los bienes se haga en forma rápida”, tratando al objeto de destrucción como “una pieza que estáa fuera del comercio y necesita destruirse”. En esa línea, tras explicar los lineamientos técnicos de la ley, indicó que “el objetivo es evitar el tráfico ilegal de autopartes”, teniendo en cuenta que muchas veces “lo que está en los desarmaderos es de origen desconocido. Lo que se autoriza es que, una vez detectada esta irregularidad, automáticamente el fiscal puede dar la orden de compactación o destrucción en el mismo lugar evitando costos de traslado”.

Por su parte, Marcos Niven (PD), que votó afirmativamente esta ley, sostuvo: “Se le podía haber agregado –al texto legislativo– la posibilidad de rematar piezas de alto costo”, considerando que “es una lástima destruir cuando podrían generar ingresos para el Estado”.

En tanto, desde el bloque PJ, Carina Segovia sostuvo: “El bloque acompaña. No obstante, es un proyecto del Ejecutivo como respuesta a lo que estaba pasando”, que “no tiene una repercusión inmediata en la lucha contra el delito”.

De igual forma, Mario Vadillo (Protectora) adelantó el acompañamiento de su bancada aunque subrayó: “queremos que la seguridad pase por otro lado, por la educación”.