Un número creciente de damnificados se suma a los reclamos por la repartición de las viviendas en construcción del barrio Tupac Amaru II de Lavalle, cuya edificación está a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desde que la dirigente social Nélida Rojas fue detenida en abril. Muchas familias optaron por tomar las casas que jamás les fueron adjudicadas. Desde el sábado, una guardia policial custodia la entrada al barrio para impedir que más gente ingrese a las construcciones.

Se trata de uno de los conflictos más grandes que la organización liderada por Milagro Sala a nivel nacional dejó en nuestra provincia. Hay aproximadamente 500 familias a las que se les prometió una vivienda a cambio de su “compromiso” con la Tupac, pero solo 211 casas en obra. Según las víctimas, existía un sistema de puntos para acceder a las viviendas que dependía del apoyo que se daba a los actos militantes auspiciados por la organización.

Las familias anotadas como supuestas adjudicatarias de las viviendas superan en más del doble a las obras existentes. Todos los que tomaron la decisión de ocupar las casas que aún no les fueron entregadas se declararon estafados por la Tupac y presentan el documento que Nélida Rojas les otorgó como constancia de propiedad. Una hoja de papel con la firma y el sello de Rojas, constatando la fecha de ingreso del interesado a la organización social.

Todo representa un grave problema para el IPV. Las autoridades del organismo subrayan que mientras haya gente en la zona de obras, no podrán continuar con los trabajos de edificación.

En una nota publicada por Los Andes se muestran los testimonios de algunas de las  12 mujeres que se encuentran en el barrio junto con sus hijos. Muchas de ellas se encuentran en una situación delicada, ya que a pesar de asegurar que las viviendas que ocupan las construyeron con sus propias manos, no se encuentran en la lista que el Municipio de Lavalle envió al IPV con los supuestos adjudicatarios del Tupac Amaru II.

"La lista del municipio se la pasó Nelida, que ha hecho negocios con otras personas y por eso nos han sacado a nosotros", indicó María Torreblanca, una de las mujeres, a Los Andes.

Según los testimonios, Rojas y su familia "vendieron las casas" a otros interesados por unos $20.000. Como resultado de ello, aseguran, ahora hay algunas viviendas que tienen hasta 3 familias asignadas.

"Yo estoy en la organización desde el 2012. Esta casa la hice con mis propias manos, pero hace unos días vino una tal Virginia Pizarro a decirme que era su casa porque la había comprado", indicó María.

"Nos duele que nos llamen usurpadores, porque esta casa las hemos hecho nosotros con todo el esfuerzo", marcó otra de las mujeres presentes en la entrevista realizada por el diario.

El modus operandi para el acceso a las casas del barrio es ya conocido como propio de la organización. Cada familia debía abonar una inscripción de $2000 y cuotas mensuales de $100. A eso debía sumarse los gastos de viajes a marchas actividades de la Tupac.

Las familias que tomaron las viviendas en construcción solicitaron al IPV que estudie alguna solución alternativa. Por lo pronto, el conflicto no parece ceder.