El texto fue finalmente adoptado por la Asamblea Nacional por 297 votos a favor y 193 en contra y por el Senado, 182-151, según despacho de Prensa Latina.

La legislación establece reglamentos para las expulsiones de indocumentados y los demandantes de asilo e incluye una medida que limita el permiso de residencia para enfermos graves.

Esta última es considerada como una sentencia de muerte por la Organización no Gubernamental (ONG) Médicos del Mundo (MDM).

Actualmente, amparados por las leyes Debré de 1997 y Chevenement de 1998, tienen derecho a estancia temporal todas las personas con afecciones delicadas como Sida, cáncer u otras que no tengan recursos ni posibilidades de atenderse en su nación de origen.

De acuerdo con la ONG, desde 1998 un foráneo con una enfermedad grave que viva en Francia es protegido contra toda medida de expulsión y puede obtener un permiso de residencia si no se beneficia de un "acceso efectivo" al tratamiento en su nación.

Ese dispositivo atañe a unas 28 mil personas.

En el texto aprobado inicialmente por los diputados se sustituyó el concepto de "acceso efectivo" al tratamiento por el de "disponibilidad" y los senadores lo cambiaron por el "de ausencia" de cuidados apropiados en el país de origen, lo cual pone básicamente en entredicho ese derecho.

La ONG, que junto a otras análogas pidió rechazar esta modificación, reprochó como en esta ocasión no se tuvo en cuenta la viabilidad de acceso de los enfermos, pues en muchos lugares sólo es accesible la salud para una minoría.

Con la nueva ley se retrasa hasta cinco días, en lugar de los dos actuales, la intervención de un juez en caso de detención.

Además se incluye una medida relativa a la creación de las zonas de espera temporales fuera de los puntos de paso fronterizo aplicable a un grupo de al menos 10 extranjeros que arriben a territorio francés.

Los prefectos podrían retenerlos en esas franjas consideradas extraterritoriales lo cual implicaría una menor protección jurídica.

La Asamblea y el Senado retrocedieron en la propuesta del Gobierno de retirar la nacionalidad a extranjeros que atentan contra agentes del Estado (policías, gendarmes, bomberos, entre otros).

Los considerados como "matrimonios grises o de conveniencia" tampoco escaparon a la recién aprobada legislación y serán objeto de sanciones con penas de cinco años de cárcel y 15 mil euros.

Obey Ament, encargado de relaciones internacionales para América Latina del Partido Comunista Francés (PCF), señaló que una vez más se trata de un dispositivo legislativo que forma parte de una visión global marcada por la xenofobia y la exclusión.

"Al mismo tiempo, el gobierno hace que el país de la declaración de los Derechos Humanos se hunda más en una lógica que legaliza una supuesta desigualdad entre los seres humanos", añadió.