Luego de la feroz represión ejercida por la policía jujeña sobre las personas que ocupaban tierras que legalmente pertenecen a la empresa Ledesma y que dejó como trágico saldo 4 muertos y decenas de heridos, la legislatura de esa provincia aprobó la expropiación de 40 hectáreas propiedad de la empresa Ledesma. En su edición digital Página 12 informó que el Poder Ejecutivo señaló en la norma de elevación del proyecto a la Legislatura que "la inexistencia de inmuebles en algunas zonas urbanas de la provincia de propiedad del Estado Provincial, limitan el crecimiento rural de las poblaciones, especialmente en los sectores más carenciados de estas, quienes no poseen medios económicos suficientes para la adquisición de terrenos privados".

Además se acordó crear una comisión especial para investigar los sucesos ocurridos durante el brutal desalojo de las familias. Esta comisión estaría integrada mayoritariamente por miembros del oficialismo provincial y minoritariamente por partidos de la oposición.

De las 500 familias que inicialmente realizaron la toma de terrenos, bajo la dirección de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), hoy encontramos que son más de 1000 las familias que estás ocupando tierras.  Según Clarín entre estas familias se encuentran personas desocupadas, profesionales y hasta familiares de policías.

Además las tomas se han extendido a otras localidades jujeñas. Página 12 publica que “según la CCC, unas dos mil familias se instalaron en terrenos y complejos habitacionales a lo largo de la ruta 34, en Perico, Pampa Blanca, Libertador y Puesto Viejo, así como también en Los Lapachos”.

Un vecino de Libertador General San Martín declaró a Clarín que “No quiero que me regalen nada. Con paciencia y mucho esfuerzo, prometo pagar lo que me den. Pero parece que la única manera de que a uno le den bola es ocupando tierras”.  Ejemplos como ese han aparecido de manera masiva en los medios. Sin lugar a duda reflejan una problemática que los gobiernos de turno no han sabido resolver, el del déficit habitacional. Según datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, elaborado por la Universidad Católica Argentina, en nuestro país el déficit habitacional afecta a 3 millones de hogares, lo que equivale casi a un cuarto de la población.

Respecto a la investigación de las muertes causadas por la represión de la policía jujeña, el nuevo ministro de Gobierno y Justicia Hugo Echavarri aseguró en un comunicado que “las muertes no fueron provocadas por balas policiales”. El funcionario responsabilizó a los ocupantes y a la CCC. Cabe preguntarse por qué fueron removidos de sus cargos el Ministro de Gobierno y Justicia, el jefe de la policía provincial y el jefe policial del municipio. Desde la CCC en distintos comunicados se remarca la responsabilidad de la fuerza policial provincial y de los encargados de seguridad de la empresa Ledesma, en la represión y en las muertes causadas el pasado jueves.

Respecto de los lazos entre los funcionarios del gobierno jujeño y la empresa Ledesma, las especulaciones son muchas. Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma), declaró a Página 12 que “el intendente es un lacayo de (ingenio) Ledesma”. También en el mismo medio se publicó que Jorge Noceti, quien se desempeña como secretario de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, también es socio del estudio jurídico que patrocina a Ledesma.