La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el procurador general del Ministerio Público Fiscal y la defensora general del Ministerio Público de la Defensa firmaron el “Acuerdo institucional sobre la situación de personas privadas de libertad en contexto de pandemia” con el objeto de agilizar los más de 400 pedidos de prisión domiciliaria que se presentaron hasta el momento en la provincia. El acuerdo firmado por las autoridades judiciales mendocinas tiene como objetivo principal “definir políticas institucionales comunes y complementarias para evitar dilaciones en el trámite de los pedidos realizados por personas privadas de libertad que integran grupos de riesgo ante el avance de la pandemia del virus COVID-19”.

En ese sentido, el texto identifica una serie de variables que los jueces podrían considerar al momento de tomar una decisión sobre los pedidos en cuestión. 

Puntualmente, el  documento contiene acuerdos destinados a agilizar el trámite administrativo y judicial de cientos de piezas generadas desde el Servicio Penitenciario –alrededor de 400 expedientes administrativos de personas de más de 60 años o que padecen enfermedades que las colocan en especial situación de riesgo– y lograr la disposición de pulseras georreferenciadas. Asimismo, en el texto, la Corte provincial sugiere que se consideren los grupos de riesgo a los que pertenecen las personas peticionantes y que se tenga protección especial para su salud en el caso de personas en grupo de riesgo que no accedieran a una prisión domiciliaria. Así también se ha acordado una especial protección de las víctimas de delitos cometidos en contextos de violencia de género y de agresión sexual, disponiendo que se fortalecerán la encuesta ambiental –necesaria para la toma de la decisión judicial– y la comunicación y protección de la víctima, entre otras medidas.

En ese sentido, el máximo tribunal de la provincia resaltó que las medidas fueron tomadas en consonancia con disposiciones similares que han tomado otras autoridades judiciales del país, como la Cámara Federal de Casación Penal o el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Agrega que el acuerdo también responde a los lineamientos que los organismos internacionales especializados formularon al respecto.

Finalmente, la máxima autoridad judicial de Mendoza destacó que, “si bien no hay casos sospechosos de COVID-19 en las cárceles de la Provincia”, la idea de este esfuerzo es “anticiparse y contribuir en la contención de las consecuencias del posible ingreso del virus a los penales”, lo que se ve agravado por las condiciones de sobrepoblación.

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