La Corte falló contra la Tupac y sus integrantes pueden volver a la cárcel

El máximo tribunal provincial desestimó la resolución de la Octava Cámara del Crimen, que había liberado a Nélida Rojas y a su familia y colaboradores.

La Corte falló contra la Tupac y sus integrantes pueden volver a la cárcel

Provincial Unidiversidad / Publicado el 21 DE DICIEMBRE 2018

La Suprema Corte de la provincia de Mendoza emitió un fallo que agitó el mundo político y judicial. Resolvió anular la resolución de la Octava Cámara del Crimen (conocida como "Camarón" en el mundillo tribunalicio), que había beneficiado con la excarcelación a Nélida Rojas, líder de la Tupac Mendoza, y también a sus familiares, acusados de integrar una asociación ilícita.

La Corte aceptó así la casación pedida por la fiscal de la causa, Gabriela Chaves, en contra de la Octava Cámara del Crimen, que había anulado las prisiones preventivas de los acusados. Ahora, la cúpula de la Tupac quedó al borde de regresar a prisión. 

Con la firma de José Valerio, Pedro Llorente y Julio Gómez, la Corte dio lugar a la apelación que solicitó Chaves. De esta forma, la magistrada podrá continuar la investigación contra esa agrupación, sospechada de una serie de delitos en el otorgamiento de planes de viviendas.

“Corresponde anular la resolución dictada por la entonces Octava Cámara del Crimen, en función de apelación, y remitir la presente al Segundo Tribunal Penal Colegiado, a fin de que la OGAP siga el trámite de ley, conforme al resultado aquí arribado, a efectos de que se emita un nuevo pronunciamiento, sin la intervención de los magistrados que dictaron la resolución recurrida”, dice el fallo firmado por los magistrados de la Sala II de la Corte.

La Octava Cámara, integrada por los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel, en septiembre de 2017 había declarado nula la investigación llevada a cabo por la fiscal al considerar que no estaba probada la asociación ilícita y, por ende, revocó las prisiones preventivas de Rojas y sus familiares. Todos están sospechados de desviar fondos públicos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales para enriquecimiento personal, además de supuesta estafa y coacción de beneficiarios, según se desprendió oportunamente de la investigación que encaró la fiscal Chaves.

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