La participación empresarial del estado y los falsos argumentos

El decreto de necesidad y urgencia que permite al Estado participar en la dirección empresaria de las empresas en las que tenga acciones a recibido múltiples argumentaciones desde los medios hegemónicos de comunicación. En esta nota el profesor y doctor en Filosofía Armando Poratti analiza todos los argumentos utilizados.

La participación empresarial del estado y los falsos argumentos

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Sociedad

Unidiversidad

Armando Poratti para Telam

Publicado el 18 DE ABRIL DE 2011

La polémica de los grandes medios sobre temas de agenda -en estos momentos el DNU que equipara los derechos del Estado a los de sus consocios en la dirección de las empresas- parece estar plagada de sofismas.

 Así se denominan los argumentos sutiles y falaces por aquellos viejos sofistas griegos que crearon las artes de discutir y de influir sobre el público mediante la palabra. Un sofisma es, pues, una trampa argumentativa o semántica que induce insensiblemente a error y, en consecuencia, determina el pensamiento y la acción de sus víctimas en el sentido deseado por quien lo utiliza.

 A diferencia de los escribas locales, los sofistas fueron grandes pensadores, que tuvieron la desgracia de que la posteridad sólo los conociera a través de sus enemigos. Una sola cosa tienen en común: unos y otros despliegan la capacidad técnica de que son capaces al servicio y en defensa de los poderes establecidos. La actual discusión sobre la participación estatal en la dirección empresaria gira sobre un tema tan simple como 2 + 2 = 4, ya que responde a la aritmética propia de toda sociedad comercial: pongo tanta plata, tengo tantos votos y tanta ingerencia en las decisiones.

Por otra parte, se trata de un dinero puesto por toda la comunidad, y es nada menos que "la plata de los jubilados". Un resabio de la megaestafa de las AFJP, no removido en su momento, limitaba la capacidad decisoria de la ANSES al equivalente de la tenencia de 5% del paquete accionario, aunque la tenencia efectiva fuera cinco o seis veces mayor. De esta manera, el Estado "bobo" financia los negocios (digamos, sin suspicacia) privados, sin participar de las decisiones ni del control de las operaciones. ¿Pero cuál es el comportamiento retórico de las críticas? Tomemos un editorial reciente de uno de los grandes matutinos.

Comienza negando que la medida sea en defensa del interés público -con lo que tácitamente acepta que el interés público está en juego-, para convertirla, sin argumentación, y tras darlo por sentado con un incidental y decisivo "claro está", en "voracidad", "proyecto hegemónico" y "ataque a la propiedad privada".

 Tras mencionar la participación efectiva del Estado, muy superior al 5% de marras, declara palmariamente que con el DNU "el Poder Ejecutivo pretenderá nombrar la cantidad de directores que correspondan a los porcentajes accionarios con los que cuenta la Anses en este momento".  ¿No es esto 2 + 2 = 4? No. A renglón seguido, se nos informa que la norma es "injustificada" e "inconstitucional" ya que el Congreso está sesionando, sin mencionar que (como informó luego Verbitsky en Página 12) buena parte de las empresas tenían plazo hasta fin de mes para realizar sus asambleas.

 Esta "maniobra" para "aumentar la cuota de poder" tiene como finalidad... que los representates del Estado tengan "influencia y acceso a información privilegiada" y además, para "coartar la independencia y la autonomía de los empresarios". Pero hay más. "Ciertos trascendidos preocupantes" apuntan a la intención estatizadora según un "modelo chavista", pues el "Tirano  del Caribe" consideró "estratégicos", y por lo tanto de incumbencia estatal, la siderurgia, las telecomunicaciones y el sector eléctrico.

 La cosa va mucho más allá de la clásica "ineficiencia" del Estado y la conveniencia de la administración privada, que tanta felicidad trajo a los argentinos en la experiencia de los 90´. Es -cómo no- un "avance" de ciertas hordas de la militancia, "hostigamiento" a empresa y grupos, para servírselos en bandeja a los "empresarios amigos", y forma parte de la política de "extorsión" y "patoterismo" y las "falsas" acusaciones de delitos de lesa humanidad en Papel Prensa.

 Volvamos al principio, con los sofistas y los sofismas. Los asertos del editorial son: que se trata de una cuestión de interés público, que al Estado le corresponde, como a cualquier socio, una representación proporcional en el manejo de la empresa, lo cual le permitirá tener cierta influencia y acceso a información privilegiada, y que ciertos sectores de la economía son estratégicos.

 ¿Cómo se hace para negar todo esto? Un sofisma introduciría una torsión argumental que demostrara lo contrario sin que el lector se diera cuenta. La operación podía estar en la enunciación misma, como llamar

"flexibilización laboral" a la destrucción del trabajo o "Proceso de reorganización nacional" a la desorganización total de la Nación. Pero aquí no hay ninguna argumentación, sólo una adjetivación emocional encendida que recuerda a quien esto escribe la clásica prosa panfletaria de la ultraizquierda, en los buenos tiempos de denostar al imperialismo, sólo que de signo inverso.

 En resumen: el actual discurso mediático parece que ha perdido la capacidad de construir sofismas. Los viejos sofistas no sabrían qué hacer con un alumno tan inepto.

 

Armando Poratti es profesor y doctor en filosofía (UBA, US).