El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la emergencia en materia penitenciaria por el término de tres años y conformó una comisión especial para elaborar políticas que puedan resolver el déficit habitacional en las prisiones federales, mejorar las condiciones de privación de la libertad e implementar medidas alternativas al encarcelamiento. Para abordar esta problemática, además de declarar la emergencia, se conformó en el ámbito de la Secretaría de Justicia una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria, que una vez constituida, se reunirá quincenalmente hasta marzo de 2022.

El objetivo será facilitar la elaboración de propuestas de políticas públicas tendientes a resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables.

Cifras de la población penitenciaria federal

Según datos recabados por Télam del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10 274, mientras que el SPF informó que, al 13 de marzo pasado, los internos alojados ascendían a 13 773. Para abordar la problemática, desde el Ministerio se impulsó la construcción de nuevas cárceles, como una en la ciudad bonaerense de Mercedes para 1152 presos y otra en Coronda, Santa Fe, para 462; al tiempo, se sumaron 352 nuevas plazas a la unidad de Luján de Cuyo, Mendoza.

En forma paralela se promovió la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad, como la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica. En ese sentido, recordaron que se tramitó la contratación de 2880 dispositivos para aumentar los servicios diarios de esa vigilancia y que el objetivo es llegar a los 6000.

A pesar de los esfuerzos realizados, según lo señalado por el Servicio Penitenciario Federal, el déficit habitacional persiste y puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria.

La situación en Mendoza

Sobre este panorama habló el director del Servicio Penitenciario Provincial, Eduardo Orellana, que sostuvo en diálogo con Radio LV10: “La emergencia en materia del sistema penitenciario federal, de alguna manera, se veía venir en razón de que hay muchas provincias que tienen presos federales en sus cárceles provinciales. Además, últimamente no estaban teniendo cupo en las cárceles federales, producto de un mayor encarcelamiento que ha habido a nivel general en todo el país”. “Nosotros tenemos sobrepoblación, pero no hacinamiento. Mendoza es una de las pocas provincias del país que han encarado la construcción de distintas unidades penales", agregó el funcionario.

De todas maneras, según refleja el último informe de la ONG Xumek, la Provincia lidera la tendencia del alza de encarcelamientos, con una tasa de 270 personas presas cada 100 000 habitantes, seguida por Buenos Aires con 266 cada 100 000. Por esta razón, la asociación que nuclea a abogados especialistas en derechos humanos alertó sobre el notorio incremento de los encarcelamientos.

En los últimos años, la población carcelaria aumentó de 3746 a 4800, no así la cantidad de plazas carcelarias. En este sentido, Unidiversidad dialogó con Lucas Lecour, de Xumek, que expresó: “Este nivel de sobrepoblación implica que la mayoría de los detenidos viva en graves condiciones de hacinamiento y que cerca de 1000 personas duerman en el suelo. En algunos complejos, la situación de sobreocupación es alarmante, como en el penal de San Rafael, que supera el 45 %. Le siguen Almafuerte y San Felipe, con su capacidad superada en más del 20 %”.

Complejo Penitenciario Cacheuta, Luján de Cuyo, Mendoza

En sintonía, el abogado Diego Lavado, también de Xumek, sumó: “Ya en 2015, Xumek había advertido al Gobierno sobre la superpoblación en las cárceles de Mendoza. Esta alarmante situación ha generado como consecuencia más grave el colapso de la mayoría de las unidades carcelarias. A mediados de 2018, la ocupación de las cárceles superó el 125 %”.

Por el contrario, en el contacto que tuvo Orellana con LV10, el funcionario indicó: “Nosotros tenemos sobrepoblación, si pasamos el 120 %, técnicamente se lo considera hacinamiento, pero no lo pasamos. En esto mucha veces se confunde sobrepoblación con hacinamiento”.

De todas maneras, desde Xumek insistieron: “El hacinamiento se produce principalmente porque el incremento de plazas carcelarias no guarda relación alguna con el gran crecimiento del encarcelamiento y su estructura edilicia. Absolutamente todos los establecimientos penitenciarios se encuentran sobrepoblados. En la labor de monitoreo, se ha llegado a comprobar hasta diez personas alojadas en celdas de 2,5 metros por 3,5 metros durmiendo siete de ellas en el suelo, por lo que los niveles de hacinamiento, sobrepoblación y consecuente violencia intracarcelaria han llegado a niveles críticos e insostenibles”.