Más de 10 mil acreditados participaron del Congreso Nacional sobre Democratización de la Justicia. El encuentro tuvo lugar en la Universidad Nacional de la Matanza el pasado 14 de mayo. En ese poblado partido del conurbano bonaerense se dieron cita estudiantes, abogados, juristas, personal del Poder Judicial, como así también gente de a pie con voluntad de participar en este debate que, tomado desde una perspectiva amplia, no es menos que histórico. Además, el Congreso contó con la presencia de numerosas organizaciones sociales y políticas interesadas en interiorizarse mejor acerca de la temática y de expresar su voz con respecto a las propuestas de reformas presentadas por el Ejecutivo de la Nación.

El encuentro contó con el protagonismo de una extensa cantidad de figuras de la vida política y social actual. Su duración estuvo circunscripta al transcurso de un día, durante el cual se desarrolló el debate sobre cuatro ejes, además de un panel de apertura y otro de cierre que contó con la presencia e intervención de la presidenta Cristina Fernández. Los cuatro ejes estuvieron distribuidos en ocho mesas de debate desarrolladas en escenarios diferenciados.  De esta forma, los temas que se trataron estuvieron divididos en: ingreso democrático y transparencia en la justicia; la agilización de la justicia y las nuevas cámaras de casación; cautelares y defensa del Estado, y Consejo de la magistratura y participación popular.

Sobre estos cuatro temas, alrededor de cuarenta disertantes expusieron un sinnúmero de fundamentos referidos, principalmente, a la necesidad de discutir la historia y estado actual del Poder Judicial, sus valores y aspectos positivos pero sobre todo sus vacancias, venalidades, carácter corporativo  y las consecuencias que estas estructuras acarrean. Las exposiciones en gran medida se basaron en una red multitudinaria de casos, damnificados/as y dramas sociales. De hecho, el panel de apertura contó enteramente con víctimas, que lo fueron doblemente a causa de la indiferencia, negligencia y/o mal oficio de los foros judiciales. De esta forma, hablaron de sus experiencias Viviam Perrone,  presidenta de la Asociación Madres del Dolor y madre de Kevin, una víctima de atropello y fuga; Raquel Witis, madre de Mariano, quien fue víctima de un secuestro y posteriormente  fusilado por la policía en el año 2000; Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, quien fue asesinado aquí en Mendoza por parte de la policía, y Rosa Bru, madre de Miguel Bru, asesinado por la policía. En todos los casos se comprobó la complicidad, connivencia y/o negligencia en la intervención del Poder Judicial.

“La sociedad le habla a la justicia”, fue la frase elegida para conceptualizar el Congreso. Es en este sentido que el periodista Mario Wainfield –quien tuvo que oficiar como prologuista de la mesa de cierre, conformada también por distintas generaciones y géneros de víctimas de la negligencia y/o venalidad del poder judicial– advirtió, en base al dicho de que los jueces solo hablan a través de sus sentencias, que no es algo propio de la democracia la existencia de un poder judicial conformado por jueces que no están dispuestos a dialogar con la sociedad. En términos generales, el solipsismo de este poder fue una de las críticas más regulares que realizaron los distintos expositores de las jornadas. 

Según indicaron desde la organización, el congreso tuvo por objetivo promover un debate acerca del presente y el futuro de la reforma judicial. En este sentido, se puede suponer que las aspiraciones de reforma de la justicia no se acaban en las seis propuestas de ley realizadas por el Ejecutivo Nacional en marzo de 2013. En este sentido, Wainfield, quien además de periodista confiesa “ser un abogado que alguna vez ejerció”, indicó que sería un verdadero despropósito tomar estos proyectos de ley como una panacea, como un punto de llegada. Por el contrario, consideró que este debate debe resultar un punto de partida para una discusión más prolongada.

La reforma

Más allá de las acusaciones infundadas de algunos referentes de la oposición, el proyecto de reforma de la justicia fue uno de los puntos destacados que se presentaron en la plataforma electoral del Frente Para la Victoria en las elecciones presidenciales de 2011. Se trata de seis proyectos de ley que versan sobre:  ingreso igualitario al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación; declaraciones juradas Patrimoniales de carácter público y de libre acceso por internet de los integrantes de tres poderes del Estado; publicación obligatoria en Internet de las decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los Tribunales de Segunda Instancia en lo Federal y de las Cámaras Nacionales de Apelaciones; modificación a la Ley del Consejo de la Magistratura; creación de nuevas cámaras de casación; y una limitación de las cautelares presentadas contra el Estado.

Si bien se trata de una batería de reformas, como se señaló anteriormente, no pretenden concluir un debate más amplio que fue abierto a finales de 2012 con una amplia concurrencia de integrantes del propio poder. El proceso de reforma por el que está transitando el sistema de justicia del país,  ha adquirido notoriedad internacional y ha alimentado el interés de distintas figuras a nivel mundial. En este sentido, Antonio Cluny, presidente de Magistrados Europeos por las Libertades y partícipe de las jornadas realizadas por el movimiento “Justicia Legítima”, dice no haber visto nunca algo como lo que se está produciendo en los fueros argentinos.

Entre las críticas más resonantes estuvieron los cuestionamientos, demostrados a través de diferentes casos (resueltos e irresueltos), sobre, por ejemplo, la relación entre el Poder Judicial y la violencia institucional, casos de gatillo fácil trabados en fueros judiciales, violencia de género  y/o intrafamiliar no tomadas como tales, el caso de la cautelar interminable que ha trabado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual durante casi cuatro años, un Consejo de la Magistratura cuya composición habilita el comportamiento corporativo de sus miembros y traba la razón de su existencia al imposibilitar la elección de magistrados, demoras de décadas para dar resolución a distintos casos, jueces cómplices de la dictadura al frente de los distintos fueros de la justicia federal. Situaciones como estas fueron algunas de las problemáticas que dieron alimento a las cincuenta intervenciones que se produjeron en el marco de la jornada.

También hubo una nota referida a la relación que existe entre lo que ocurre en el ámbito judicial y los espacios de formación a los que asisten los abogados.  En este sentido, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, durante su interlocución en el acto de apertura indicó: “Hemos discutido qué médicos y qué ingenieros queremos. Discutamos también qué abogados queremos. Es en el seno de la universidad y la escuela que debemos debatir que profesionales del derecho queremos”, advirtió.

A su turno, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y referente histórico del diario Página/12, Horacio Verbitsky, quien también participó de la mesa de apertura, se refirió al rol del Poder Judicial en la violencia institucionalizada contra las clases humildes. “Las cárceles de puerta giratoria están llenas de pobres que solo entran y se quedan con bronca”, aseguró y afirmó que “la demagogia punitiva da un mensaje a la justicia y es parte de la violencia institucional”.

El cierre

Durante el cierre del encuentro, realizado en el Estadio de la Universidad de La Matanza, y frente a una multitud constituida por más de 10 mil personas de saco y corbata, la presidenta Cristina Fernández tocó una serie de puntos sustantivos en el debate. Cuestionó la actitud de la oposición, que rechazó de manera demagógica seis proyectos de ley que eran diferentes unos de otros y criticó que, ante el rechazo de los mismos, no haya habido ningún tipo de propuesta alternativa.

También se refirió a los integrantes de la mesa que la precedió en la palabra constituida por Susana Trimarco, madre de la joven víctima de trata de personas Marita Verón; Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra, asesinado por las fuerzas que respondían a José Pedraza con complicidad de la policía; Sergio Burstein, integrante de la asociación 18J de familiares y amigos de víctimas del atentado perpetrado contra la AMIA durante la década del 90, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. En este sentido, la Presidenta señaló cómo cada uno y cada una de los integrantes de la mesa de cierre pertenecía, de alguna manera, a una generación y género distintos de víctimas, pero que casi todos/as tenían como punto en común el haber sufrido a instancias del Poder Judicial.

En este último aspecto resulta una excepción Pablo Ferreyra, quien durante su alocución indicó que la resolución del caso del asesinato de su hermano se realizó con suma eficiencia y que debería representar un ejemplo para un Poder Judicial que no se suele manejar en esos términos. A su vez, Cristina Fernández señaló cuán próxima le resultaba la muerte de Mariano Ferreyra ya que, recordó la mandataria, representó uno de los factores que afectó gravemente la condición de salud del ex presidente Néstor Kirchner, quien falleció una semana después de la muerte del hermano de Pablo Ferreyra.

El acto concluyó con cánticos entonados por una multitud heterogénea, con la participación de diferentes organizaciones sociales y políticas del país y una importante presencia de la militancia perteneciente al popular partido de la Matanza, cuna de Ciudad Evita y un amplio e histórico movimiento obrero. También contó con la presencia de un nuevo actor, que hasta el momento nunca había juntado una concurrencia de la magnitud apreciada hasta ese 15 de mayo: abogados, jueces, fiscales, estudiantes, administrativos e integrantes diversos del Poder Judicial del país, aportaron su voz frente a un sistema que no podrá hacer más oídos sordos a las demandas sociales de cambio.