El 21 de agosto, en el Comedor Universitario de la UNCuyo, se produjo la I Jornada interinstitucional de trabajo sobre Acceso a la Justicia y Violencia Institucional, convocada por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La apertura del encuentro conllevó la firma de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, a cargo de la doctora Romina Ronda, subsecretaria de Justicia, y el Poder Judicial, en la persona del doctor Omar Palermo, titular de la Corte al frente de dicha Dirección. El convenio entre instituciones consolida la planificación de acciones conjuntas de promoción, difusión, adecuación normativa y articulación para la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad en la Provincia.

El encuentro organizado por la UNCuyo a través del Instituto de Derechos Humanos, el Área de Políticas Públicas y el Cicunc, contó con más de 50 participantes entre funcionarios y funcionarias, docentes, especialistas, activistas de la sociedad civil y personal del Servicio Penitenciario. Además de la suscripción pública del acuerdo, se trabajó en una mesa debate con Paula Litvachky y Diego Morales, respectivamente a cargo de las áreas de Justicia y Seguridad y de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización con vasta trayectoria en la protección de los derechos humanos.

La iniciativa, a desarrollarse públicamente una vez por mes, propuso el debate sobre los principales desafíos de Mendoza en materia de violencia institucional y acceso a la justicia, con el fin de acordar acciones comunes. Dicha instancia está integrada por la Subsecretaría de Justicia y la Dirección General del Servicio Penitenciario, por el lado del Ejecutivo provincial; y por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Mendoza, los Juzgados de Ejecución Penal I y II, y la Procuración para las personas privadas de la libertad, en el plano de la justicia local. Consiste en un proyecto de Protocolo para la implementación de medidas de resguardo para las personas detenidas.

En ese sentido, el doctor Palermo resaltó: “La política de protección de los derechos y la integridad de las personas privadas de libertad se plasma en el acuerdo como una política de Estado enmarcada en un proceso de democratización fundamental para el Poder Judicial y para las fuerzas de seguridad, tanto para las Policías como para el Servicio Penitenciario, cualquiera sea la coyuntura política. Hablar de ´resguardo´, antes que de ´aislamiento´, significa considerar una instancia de control judicial que dé garantías a las personas privadas de la libertad y a todos los ciudadanos. Esta democratización no es asunto exclusivo del poder político, también corresponde al poder judicial”. En tanto, la doctora Ronda enfatizó: “Desde hace diez años, la política de Derechos Humanos es política de Estado en Argentina, y el mismo compromiso existe en Mendoza, desde el gobernador Francisco Pérez, la subsecretaria del Servicio Penitenciario, Milagros Noli, y la Suprema Corte”. Además, Ronda saludó a los representantes del CELS como “un organismo que simboliza la lucha de la sociedad civil por la plena vigencia de los Derechos Humanos en Argentina”.

Por la plataforma de acceso
Entre el acuerdo y el debate resultó propicia la intervención de Juan Carlos Aguiló, coordinador del Área de Políticas Públicas de la UNCuyo. En primer lugar, resaltó los aportes que la universidad hace a la búsqueda de soluciones con respecto a la problemática: por un lado, el trabajo de Extensión Universitaria en la educación en contextos de encierro, como una política con excelente recepción en el sistema penitenciario; y por el otro, la participación universitaria en las reformas de seguridad, fundamentalmente a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública, donde estudian policías de toda la provincia. Para Aguiló, “hay desde la universidad una voluntad política de profundizar estos espacios y vincularlos con las distintas áreas de los gobiernos nacional y provincial, y con las organizaciones de la sociedad civil, para alejar del todo esa perspectiva de academia encerrada en sí”.

Aguiló contó que el 16 de agosto, a instancias del jefe de Gabinete de Presidencia de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, la UNCuyo se constituyó como la única universidad partícipe en la presentación oficial del Portal de Datos Públicos, cuya idea comunicacional es que “los actores institucionales y la ciudadanía hallen información factible de ser cruzada en la línea de acceso a la información pública”. Todos los ministerios participan del sitio nacional, que irán volcando información pública, “muchas veces producida pero inaccesible, en manos de quienes la producen”, para de esta manera “conectar las bases de datos de las áreas de salud, educación y criminalidad, y tener distintos niveles de acceso a la información”.

Según el coordinador, se trata de una herramienta de trabajo para la reflexión e investigación sobre estos temas, que se suma tanto al Observatorio como a la Plataforma de Información de Políticas Públicas (PIPP). El primero, que trabaja junto al Ministerio de Gobierno de Mendoza, se proyecta hacia un Observatorio de temas criminológicos junto a la Universidad Nacional de Tres de Febrero, despojado de la mirada prejuiciosa respecto de la función de un Estado inexistente o disfuncional. En tanto que la plataforma de información, a través de un sitio digital, permite “el diálogo horizontal entre funcionarios del Poder Ejecutivo, el Judicial y de la universidad, para tener información adecuada, confiable y disponible, utilizable para el diseño de políticas públicas y fortalecer el rol del Estado. Esa información está pero no es disponible o de fácil acceso, lo cual la convierte en un contrasentido”.

La base de datos con los que por ahora cuenta la Plataforma abarcan el último censo nacional y la Encuesta Permanente de Hogares, “porque los ministerios provinciales aún no hacen accesible su información”. La idea es establecer la firma de convenios que habiliten dicha información, “disponible tanto para ciudadanos como para funcionarios, y lograr el salto cualitativo hacia adelante, para poder cruzar información, por ejemplo entre índices de analfabetismo y tasa de delito”. Para Aguiló, esto también relevará déficits en cuanto al desarrollo de determinadas investigaciones universitarias: “debe figurar toda la producción científica y académica de la UNCuyo para cruzarla con la estadística. Por ejemplo, sobre mortalidad infantil hay muy poco. Entonces decimos: ´Che, Universidad, no hay nada sobre embarazo adolescente, ¿qué pasa con esta política pública?´. La información no es un fin en sí misma, tiene que estar al servicio de la sociedad”. 

El CELS en territorio
Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del CELS, entrevistada por Edición UNCuyo, explicó las líneas principales de la prestigiosa organización e hizo una evaluación respecto a la violencia institucional que se vive en Mendoza:

“Se trata de poner a la justicia en el lugar de dar respuestas a la ampliación de derechos. Las estrategias son múltiples, políticas e institucionales: están la investigación y el trabajo sobre litigios, pero sobre todo armamos alianzas con los sectores sociales que sufren estas problemáticas. Interpelamos al sistema de justicia para que produzca cambios fuera de la mirada gerencial de rapidez y eficiencia del acceso. También es necesario que cambie la orientación de las decisiones del sistema judicial para dar cuenta de la situación de violencia institucional sufrida por determinados grupos. Corresponde al Estado hacerse cargo de su propia violencia y a nosotros recoger el guante en cuanto a la discusión de la democratización de la justicia, para que todas las organizaciones sociales se involucren y demanden al Poder Judicial cambiar sus prácticas, que abra sus puertas y dé respuestas correctas. Históricamente nuestra propuesta ha sido en alianza con los sectores locales. Saber quiénes están en territorio, conocer el trabajo de la Oficina de la Corte y de las organizaciones de derechos humanos y sociales, nos permiten entender la problemática y acompañar las estrategias a fijar. Lo nuestro es colaborar y dar visibilidad a situaciones complicadas”.

Al respecto, Litvachky reseñó la reunión sostenida el día anterior con funcionarios políticos y operadores judiciales, y el debate en curso: “Fue propuesto el armado de una agenda de transformación de prácticas judiciales y problemáticas sociales concretas con respuesta judicial muy deficiente, una iniciativa muy interesante respecto de otros poderes judiciales del país. Vemos con preocupación cosas de las cuales teníamos conocimiento previo: las últimas reformas legislativas que hubo de endurecimiento de las leyes de ejecución penal (Ley Petri), y las problemáticas que esta genera en el ámbito penitenciario. Hay mucha preocupación por los casos de violencia policial contra jóvenes de barriadas pobres, que aparecen además continuados de prácticas consolidadas para la impunidad. Esto muestra graves problemas del propio sistema de justicia provincial para investigar los casos y sancionar a sus responsables. También la situación de los menores de edad, cruzados con la problemática de la seguridad y el endurecimiento de las leyes penales y de la respuesta policial, es gravísima. Las prácticas de detención por averiguación de antecedentes se traducen en hostigamiento sistemático a los jóvenes y no son controladas judicialmente. Esto deriva en violaciones policiales mucho más graves, encarcelamientos prolongados, torturas e incluso el asesinato”.

Otros flagrantes delitos de violencia institucional en los que incurre el Estado provincial y relevados por el CELS son: “Los conflictos sociales vinculados a la tierra que se traducen en desalojos, detenciones y familias criminalizadas, que requiere que se dé la pelea desde nuevos enfoques y tratamientos en el sistema de justicia. Esa es la discusión que queremos dar para democratizar la justicia, para que desde los poderes judiciales se empiece a responder distinto y a quienes, en primer lugar, fueron vulnerados en sus derechos humanos, económicos y culturales. Atrás del conflicto policial y penal, la justicia se aboca penando y profundizando desigualdades. Es la situación de las cárceles y fundamentalmente de los menores, aunque aparece clara una predisposición al ingreso y monitoreo de los lugares de detención. Hay que seguir trabajando sobre la mirada del sistema judicial para controlar la selectividad de los encarcelamientos. Nuestra agenda excede lo penal, se trabaja también sobre la inclusión y los problemas concretos para transformar la justicia”.

Consultada respecto de la evaluación que desde el CELS hacen del proceso de memoria, verdad y justicia en Mendoza, tras décadas de impunidad y en vísperas del inminente cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, la especialista consideró: “Es impresionante cómo desmontaron el entramado judicial. Mendoza es una de las provincias que mejor mostró cómo el sistema de justicia formó el dispositivo del terrorismo de Estado. Avanzar en esa línea es muy importante, hay que seguir peleando para el avance de los juicios”. La detención en Chile, el 22 de agosto (al día siguiente de la visita del CELS), del ex camarista federal Otilio Roque Romano, tras la resolución de la Corte Suprema de ese país de extraditarlo a Argentina, fomenta esa línea. Su arribo, esperado para las próximas horas, abre la posibilidad de un juicio histórico a nivel mundial, donde represores civiles y militares darán cuenta de su responsabilidad en la comisión de crímenes contra la humanidad durante la última dictadura, para que el Estado se haga cargo de la violencia que aplicó, para que todas y todos podamos discutir y trabajar hoy la violencia institucional de la democracia y la vía para su justicia.