Las deudas de la Justicia

El informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Mendoza, realizado por la asociación Xumek, dedica un apartado al análisis de la Justicia mendocina, un poder al que describe como lento e incapaz de tratar con igualdad a las personas, sin importar su condición social o económica. Críticas a los fueros laboral y penal.

Una Justicia lenta, corporativista, incapaz de tratar con igualdad a las personas sin importar su condición social o económica y que no les da participación en los procesos de los que forman parte. Así describe el informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Mendoza, realizado por la Asociación Xumek, a la Justicia de la Provincia. La asociación Xumek, creada para la promoción y protección de los derechos humanos, presentó en la Legislatura su informe anual 2014, organizado en cinco capítulos que contienen diversas temáticas como los juicios de lesa humanidad, la situación de las cárceles mendocinas, las desapariciones en democracia y un análisis de las políticas públicas referidas a salud mental, medio ambiente y niñez, entre otros aspectos.

Reforma integral

En el primer punto del capítulo II del informe, titulado "Violencia del Estado", se realiza un análisis del funcionamiento de la Justicia de Mendoza, a la que se caracteriza como lenta, selectiva y con desprestigio social. Frente a esta realidad es que el trabajo plantea la necesidad de iniciar un proceso de reforma integral, que permita desplazar el “corporativismo elitista” que, aseguran, gobierna los pasillos de Tribunales, para dar lugar a un Poder Judicial más participativo, inclusivo, igualitario e independiente.

En el informe, que presentó el presidente de la Asociación, Lucas Lecour, se describen las acciones que debería impulsar el Poder Judicial para lograr un cambio integral. Así, se asegura que la Justicia será más participativa cuando la ciudadanía se involucre en las decisiones trascendentales de los juzgados, estableciendo el juicio por jurados. También entienden que significará un avance cuando las experiencias de presentar Amicus curiae (amigos del tribunal) en audiencia pública no sean extrañas a los jueces, cualquiera sea su fuero.

En cuanto a lograr una Justicia más inclusiva, el informe plantea la necesidad de brindar un servicio efectivo a todas las personas, en especial a los más vulnerables, quienes hoy, se detalla, sólo llegan a ella a través de una acusación penal. También se destaca la necesidad de que los magistrados tomen conciencia de que su función es la prestación de un servicio público y, en consecuencia, entiendan la incidencia de sus decisiones. El trabajo brinda propuestas para lograr una Justicia con mayor igualdad: fortalecer el trabajo de los jueces de paz, crear tribunales vecinales y centros comunitarios de asesoramiento judicial y acceso a la justicia, con procedimientos sencillos y fácilmente comprensibles, así como la necesidad de que se investiguen y sancionen con el mismo entusiasmo todos los delitos, incluso aquellos que constituyen delincuencia organizada  y los cometidos por personas relacionadas con las esferas de poder.

En el informe también se describen los mecanismos que permitirían lograr mayor independencia del Poder Judicial; entre ellos, verdaderos procesos públicos y transparentes –sin acuerdos– en el modo de selección y designación de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales. Plantea la necesidad de proscribir los privilegios de la “casta judicial” y otorgarle a cualquier ciudadano el derecho de exigir a los jueces el cumplimiento real de sus funciones, no sólo en cuanto a sus horarios de trabajo sino también a la calidad de sus actuaciones, con mecanismos efectivos de control de su responsabilidad. Otra de las propuestas incluidas es asegurar al público el acceso a todas las resoluciones y sentencias de cualquier magistrado, así como la informatización de los expedientes. También se detalla la necesidad de promover mayor celeridad de las resoluciones, para evitar una dilación eterna e injustificada de los procesos.

La lupa sobre la Justicia laboral

El informe incluye un análisis de la situación de la Justicia laboral en Mendoza. El texto detalla que tradicionalmente se ha entendido al derecho laboral como un orden jurídico humanista y colectivista, que parte de la premisa de que el trabajador es el más débil de la relación y por esto limita el principio de la autonomía. El trabajo asegura que pese a este altruismo legislativo, doctrinario y jurisprudencial, en la Justicia laboral de Mendoza “los intereses que resultan tutelados no son precisamente los de los trabajadores”. 

Uno de los problemas que plantea es que en el contexto inflacionario existente, la excesiva dilación de los procesos, sumados a la imposibilidad de utilizar mecanismos de indexación monetaria, terminan generando una “licuación” de las sumas reclamadas, lo que impide que se cumpla la finalidad resarcitoria de toda indemnización y menoscaba el derecho de propiedad de quien sufrió un daño. Teniendo en cuenta esta situación, el informe destaca que fijar fecha para la realización de una audiencia de vista de causa en un plazo superior a un año significa un grosero incumplimiento por parte de los magistrados (artículo 69 del Código Procesal Penal, que ordena su celebración dentro de los sesenta días de producida la prueba que no puede recibirse oralmente). Por otra parte, el texto detalla que a esta situación hay que sumarle que casi la totalidad de los abogados, por el miedo a la antipatía del tribunal, renuncian a la posibilidad de utilizar las herramientas procesales existentes para cuestionar dicha resolución.

El trabajo describe otra práctica a la que considera reprochable y que, entiende, se utiliza en perjuicio de los trabajadores: la utilización por parte de la Tercera y la Séptima Cámaras de las ya declaradas inconstitucionales Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. El texto explica que estos organismos, por ser dependientes del poder político y solventados con fondos de las ART, no garantizan la imparcialidad, como sí lo hacen los peritos médicos judiciales.

Otro inconveniente que se explica es la ausencia de control jurisdiccional sobre las decisiones de estos tribunales. En este sentido, detalla que la falta de una doble instancia que encuentre fundamento en el supuesto control que existe en la composición de tres magistrados por Cámara Laboral, pierde razón de ser cuando la mayoría de las causas son decididas por salas unipersonales, concentrando todo el poder en un solo juzgador. “Podemos aseverar que los excesivos plazos en fijar audiencia de vista de causas, los mecanismos de indexación utilizados, las exigencias de trámites administrativos previos no contemplados en el Código Procesal Laboral y la falta de doble instancia que puede asegurar un verdadero control jurisdiccional sobre estas decisiones de los magistrados del fuero laboral, tiene como principal efecto una inversión del principio protectorio de los trabajadores, actuando la autoridad jurisdiccional como facilitadora y protectora de situaciones abusivas por parte de los empleados y las ART, que a sabiendas de ellas por un lado, utilizan el proceso ante la Justicia Laboral como un mecanismo de financiación a bajo costo, y por otro, incrementan las situaciones de trabajo no registrado o irregularmente registrado en detrimento de los derechos de los trabajadores”, se señala en el texto.

Sin cambios en el fuero penal

El trabajo de Xumek también analiza el foro penal mendocino y detalla que, a 14 años de la reforma del Código Procesal Penal y a 10 años de su instauración, continúa vigente en gran parte de Mendoza el viejo código de 1950. El escrito destaca que, si bien en la primera y la tercera circunscripción judicial se encuentra vigente el nuevo código, continúan viejas prácticas en varios sectores del Poder Judicial. Como ejemplo de esta situación, detalla que no resulta extraño encontrar jueces o fiscales que siguen actuando con la lógica de un sistema inquisitorial, faltando a sus deberes de imparcialidad u objetividad al momento de resolver. Otra de las problemáticas que se incluyen es la “denigración” de las víctimas, que deben esperar hasta ocho horas para ser atendidas, a veces a la intemperie, y que finalmente son recibidas por personal que –se recalca– carece de capacitación.

Como otro aspecto pendiente, el texto marca la necesidad de contar con una defensa pública autónoma para que el acceso a la Justicia sea real. Asegura que es ilógico que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa estén bajo la órbita del Procurador de la Suprema Corte. Esto afecta el principio acusatorio y el ejercicio del derecho de defensa, ya que de una misma institución dependen ambas partes del litigio.

Los integrantes de Xumek marcaron la dilación de los plazos como uno de los principales inconvenientes del foro Penal, por lo que consideraron fundamental incluir las audiencias públicas y la oralidad en ciertas etapas del procedimiento. Otro punto que se detalla en el informe es el uso indiscriminado de la prisión preventiva que hacen jueces y fiscales, cuando –aseguran– en el nuevo régimen procesal provincial queda claro que la libertad del imputado es la regla general y su restricción sólo se impondrá en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad.

El trabajo también incluye un análisis de la situación de la Justicia Federal en Mendoza, ya que de quince cargos para magistrados federales en la provincia, sólo cinco se encuentran ocupados de forma efectiva , siendo los restantes ejercidos transitoriamente a través de subrogancias. Frente a esta problemática, los integrantes de la Asociación también denunciaron la falta de interés del Consejo de la Magistratura en el nombramiento de nuevos miembros. Señalan un ejemplo de esta situación: aún no se publicaron los resultados del examen escrito que se tomó en julio de 2012 en el concurso de oposición y antecedentes para los cargos vacantes de la Cámara de Apelaciones.

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