La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida como Ley de la Impunidad, continúa vigente tras un arduo debate en la Cámara de Diputados de Uruguay. La norma establece la amnistía de los “delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron el período de facto.

En 1989 se realizó el primer intento de derogar la ley a través de un referéndum organizado por movimientos sociales y políticos progresistas. El resultado de la consulta fue favorable al mantenimiento de la norma.  Años más tarde, en 2007, se lanzó una campaña de recolección de firmas con el objetivo de plebiscitar una reforma constitucional para anular cuatro artículos de la polémica ley. Las firmas recolectadas habilitaron a realización del plebiscito que se llevó a cabo junto con las elecciones nacionales uruguayas en 2009. La enmienda propuesta se dio por rechazada ya que no se llegó al 50 por ciento de los votos que necesitaba para aprobarse.

No obstante, años posteriores a la aprobación de la ley, Uruguay fue cuestionado por los organismos del Derecho Internacional a los que adhiere. La Comisión Interamericana de Derechos humanos de la OEA, en su informe anual de 1992-93, concluyó que la Ley de Caducidad es incompatible con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En Argentina hubo que esperar varios años para que el Congreso anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En el caso de Uruguay,  la Ley de Caducidad hoy se ratificó, y muchas voces se levantaron en contra de esta decisión. Tal es el caso del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien declaró en comunicación con TeleSur, que esta ley es lesiva de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la que Uruguay adhiere.

Además, Barcesat agregó “no tiene otra posibilidad, el gobierno requerido, que la de adoptar los mecanismos para anular las leyes, para poder cumplir con las decisiones de los órganos regionales que han decidido integrar por voluntad soberana de la Nación”.

“Aguardo, primero del pueblo uruguayo, una enérgica reacción frente a esta desafortunada votación, pero también aguardo de algún juez del Uruguay, que comprenda cual es el turno de la justicia para declarar la nulidad e inconstitucionalidad de estas leyes que son lesivas de la Convención Americana de Derechos Humanos”, añadió el abogado.

En tanto, después de conocida la decisión del Parlamento uruguayo, la central única de trabajadores PIT-CNT, hizo un llamado “a redoblar la esperanza, la convicción y la acción por la Verdad y la Justicia”. En el comunicado que divulgaron los medios uruguayos, el Secretariado Ejecutivo PIT CNT respaldó a las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que siguen buscando desde hace más de treinta años a sus seres queridos.

Por: Julieta Mafferra