El martes 17 de mayo en horas del mediodía un nutrido grupo de personas convocado por el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), delegación Mendoza, se reunió frente a la Legislatura provincial con la intención de difundir información acerca de los dos proyectos de Ley  que esperan ser debatidos en breve en el Congreso de la Nación. Además, solicitaron a los legisladores que ambas iniciativas sean declaradas de interés legislativo como recurso  para  garantizar el  debate parlamentario.

Respecto al primer proyecto, los asistentes al encuentro explicaron que se trata de una medida que permitiría a las personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) solicitar la rectificación de nombre y sexo en su partida de nacimiento.  Sucede que a este sector el hecho de no poseer un documento que certifique su verdadera identidad de género, le obstaculiza el acceso  a derechos básicos como salud, educación y empleo digno, entre otros padecimientos propios del estigma social que acarrean.

La segunda iniciativa tiene que ver con la propuesta de que sean el Estado, a través de sus organismos públicos de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, quienes tengan que responsabilizarse de los costos de las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo en los casos en que integrantes de la comunidad trans deseen modificar su genitalidad. Esto como una forma de prevenir las muertes y efectos negativos que provoca sobre la salud de aquellas personas que no cuentan con el dinero suficiente para realizarse dicha operación en el ámbito privado, es decir bajo condiciones sanitarias adecuadas y seguras. De esta manera se ven obligados a recurrir a métodos caseros que terminan por dañar su integridad física, lo que hace que la esperanza de vida de travestis y transexuales no supere los 35 años, según datos oficiales.

Por otro lado, los convocados pidieron a los integrantes de la  Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Cámara de Diputados  que se deroguen  los artículos 51, 52, 54, 55, 55 bis y 56 del Código de Faltas provincial  por presentar un “carácter discriminatorio” que atenta contra la integridad de los sectores trans y de las mujeres en situación de prostitución.

La asesora legal de INADI Mendoza, Sandra Pasarella,  especificó que dichos artículos se refieren “a la prostitución, a la prostitución escandalosa y a la homosexualidad como un delito”, lo que genera la estigmatización de las personas que viven bajo esa condición. Explicó además que sobre ellos se apoyan las fuerzas policiales para “realizarles extracción compulsiva de sangre y tratamientos forzosos que atentan contra la integridad humana”. Bajo este argumento la delegada de INADI Mendoza opinó que la prostitución es tratada por las autoridades como un tema “criminal”, cuando debiera ser entendida como un asunto de “política social”.

La funcionaria recordó que tales artículos presentan carácter inconstitucional ya que forma parte de un Código creado en 1965, por lo que no se adapta a los Tratados de Derechos Humanos que fueron agregados a la Constitución Nacional en la reforma de 1994.

Por su parte, la senadora del ARI, Alejandra Naman, única legisladora que prestó declaraciones a la prensa ante el reclamo, se mostró a favor de lo planteado por las organizaciones de la diversidad y se comprometió a acompañarlos en su lucha desde sus funciones.  “Creo que están viniendo nuevos vientos,  vientos de integración, de entender que todos somos iguales ante la ley “, dijo a NU Digital.

“Yo voy a poner todo mi esfuerzo para que el tema sea tratado, pero para eso hace falta no solo la militancia de las organizaciones, sino también de las decisiones políticas de quienes detentan sobre todo los bloques mayoritarios “, declaró en referencia al debate de los proyectos igualitarios y al pedido de derogación de los artículos contravencionales que reproducen la discriminación de los sectores en cuestión.

Sentirse parte

Para Mía Antonellí, integrante de la comunidad trans de la provincia, es” imprescindible” que los legisladores atiendan el pedido de las organizaciones de gays, lesbianas, travestis y transexuales.

“La policía se basa en estas normativas para ejercer sus conductas discriminatorias sobre nosotras, y  te persiguen por el sólo hecho de verte en la calle”, se lamentó al referirse a los artículos del Código de Faltas puestos en cuestión.

La joven consideró importante la convocatoria del INADI, tras sostener que “es necesario  que las chicas trans de Mendoza nos sumemos a todo lo que es la movida por los derechos de la diversidad, para que nos puedan apoyar, avalar y así sentirnos parte de la sociedad”.

Mía, con mucho ímpetu aseguro que esta nueva lucha DE las organizaciones de la diversidad “es fundamental porque no se trata sólo de un DNI, tiene que ver con caminar tranquilas por la calle, con poder acceder a una obra social, con poder ir a un hospital”. Y finalmente sintetizó: “con tener los mismo derechos que cualquier otro ciudadano”.