El proyecto presentado este lunes para sancionar la Ley de Movilidad de Mendoza generó malestar en diversos sectores del transporte. Según los trabajadores de este rubro, varios puntos del mismo atentan contra su continuidad laboral. Así, además de los taxistas y remiseros que se quejaron por la llegada de Uber, también hicieron visible su reclamo los dueños de transportes escolares. Principalmente, están en contra del articulado que establece que sus vehículos no deben superar los 10 años de antigüedad, algo que –aseguran– los perjudica, ya que la ley vigente establece un período de 20 años.

Jorge Bono, presidente de la Cámara que nuclea a los dueños de transportes escolares de la provincia (Caprotem), se mostró alarmado por lo que expresa el proyecto.

En comunicación con Unidiversidad, Bono señaló: “Para adquirir una unidad nueva, son necesarios desde 900 000 a 1 millón de pesos, más 100 000 pesos para el equipamiento necesario”. Además sostuvo: “Estos nuevos vehículos no incorporarían ninguna innovación en el aspecto de seguridad, es decir que una unidad nueva prestaría el mismo servicio que la que presta un modelo 2008 o 2010”.

Asimismo, el representante de Caprotem hizo énfasis en el impacto económico que significaría tener que renovar todas las unidades que superen este límite de tiempo. Con respecto a esto, declaró: “A fin de este año se vencen aproximadamente 70 permisos (que se renuevan cada cinco años). ¿Quién va a sacar un préstamo con un 40 % de interés? ¿Cómo vamos a hacer nosotros que somos familias, no empresarios?”.

Jorge Bono afirmó que quedó programada para este viernes una reunión con legisladores locales para poner sobre la mesa las diferentes inquietudes y reclamar que los proyectos presentados se ajusten a la realidad actual del país y de la provincia.