Detalles de la compra exprés del Próvolo

Cómo fue la transacción de venta entre la comuna y las autoridades eclesiásticas, que se concretó en sólo 13 días.

Detalles de la compra exprés del Próvolo

La comuna adquirió el predio en tiempo récord. Foto: Axel Lloret.

Sociedad Unidiversidad por Verónica Gordillo / Publicado el 14 DE SEPTIEMBRE 2018

Una compra exprés: esa es la mejor expresión para definir la adquisición por parte de la comuna de Luján de Cuyo del predio del Instituto Próvolo, foco de la investigación por los presuntos abusos que ahí se cometieron. Una carta del obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, ofreciendo el inmueble, fue el puntapié inicial de la decisión que se acordó en solo trece días.

Pese a las explicaciones que se dieron desde la comuna, encabezada por el dirigente del PRO, Omar De Marchi, la compra generó una serie de críticas por parte de los denunciantes y sus familiares, como también presentaciones ante la Justicia y la Fiscalía de Estado. En el primer caso, para que frene la venta y preserve el lugar y, en el segundo, para que estudie si existe afectación al patrimonio del fisco y si el contrato cumple con las leyes administrativas.

Frente a los cuestionamientos, De Marchi puso el foco en la conveniencia de comprar un inmueble de casi 6 hectáreas, al que pretende trasladar todas las dependencias municipales, ya que acordó pagar 130 millones de pesos por una propiedad valuada hasta en 700 millones. Pero desde la querella entienden que esto dejaría a las víctimas sin la posibilidad de cobrar indemnizaciones, ya que el edificio era un patrimonio central.

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Así lo aseguró el abogado querellante de la causa, Sergio Salinas, tras conocerse que el municipio de Luján de compró el predio donde se cometieron los abusos.

 

Una carta, el inicio de todo

El primer eslabón de la compra fue la carta fechada el 31 de agosto, que escribió y envió a la comuna el obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, quien además –en medio de la investigación por los abusos en Mendoza– fue nombrado por el Papa Francisco como comisario apostólico del Próvolo en todo el mundo.

En esa misiva, Bochatey, en su carácter de presidente de la Asociación Obra San José (institución que era hasta ahora titular del inmueble), expresa al intendente que tienen “seria y formal intención de vender el inmueble, a partir de los hechos de público conocimiento”, y asegura que el motivo de la decisión es la falta de recursos para solventar el lugar.

En el texto, Bochatey asegura además que es su intención que el inmueble pueda “crear un servicio a los ciudadanos”. Ni bien recibió la carta, el intendente solicitó una serie de informes a diversos organismos de la comuna para que analicen aspectos diversos del predio ubicado en calle Boedo. Estos informes, que también se hicieron en forma rápida, están relacionados con las características del inmueble, la construcción y los servicios básicos con los que cuenta, entre otros detalles.

Una vez que el Ejecutivo contó con los informes de las distintas dependencias, envió en tiempo récord la letra de la ordenanza que autorizaba la venta (1352). El Concejo Deliberante la aprobó por 8 votos a favor y dos en contra, sin tener demasiado tiempo para su análisis.

A favor de la ordenanza votaron los ediles Alicia Benignas, Mariano Obando, Mónica Company, Carlos Sala, Guillermo Trentacoste y Alejandra Setien (Cambia Mendoza); Rubén Lázaro (Intransigente) y Javier Pelegrina (FpV). Sólo dos personas votaron en contra: Nicolás Córdoba (FIT) y Paloma Scalco (FpV).

Con la aprobación de los ediles, quedó cerrado el acuerdo plasmado en un contrato. En el documento, la comuna acordó adquirir el inmueble por 153 millones de pesos, de los cuales hizo un primer desembolso de 60 millones de pesos. El resto, convino pagarlo en cuatro cuotas de 637 mil dólares cada una, pagaderas en 2019, 2020, 2021 y 2022.

En el escrito, que rubricaron el Ejecutivo comunal y la Asociación Obra San José, quedó establecido que con el dinero se constituirá un fideicomiso, con el fin de garantizar fondos para futuros reclamos de exempleados u otras personas que puedan exigir alguna indemnización.