La gente copó la explanada de la Legislatura. No fue una expresión clásica de los reclamos masivos. Había rostros de edades inciertas, gestos adustos y las discapacidades físicas se velaron por el clamor y las historias de cada persona con discapacidad o un familiar de otras que no llegaron al lugar por obvias razones.

La voz cantante es la reconocida militante de la Multisectorial por la Discapacidad, Laura Tribiño, que ni bien miró el cubo del micrófono de Señal U, el canal de la UNCUYO, dijo en voz alta para sí misma: “Le tenemos que hablar a los estudiantes. Ellos deben saber que no pueden seguir ocurriendo estas cosas ni repetirse”.

Laura es madre de un chico con discapacidad y batalla frecuentemente con las injusticias cotidianas que padece una buena porción de la población de esta provincia.

De acuerdo con los registros del último quinquenio, hay 220 mil personas con alguna discapacidad motriz o mental en Mendoza. La cifra representa el 13 % de la población mendocina.

Claramente, quienes se reunieron durante la siesta en la explanada de la Legislatura no sabían ni creían que el Gobierno nacional anunciaría una marcha atrás en un día afiebrado por las pensiones caídas sin previo aviso gubernamental. Es decir, casi simultáneamente a la concentración de discapacitados que apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reafirmaba la contraorden de devolver los subsidios a los inesperados reclamantes.

Por eso, las quejas y las historias personales se multiplicaron y muchos de esos testimonios se escucharon desde el megáfono de quienes utilizaron la rampa de acceso para discapacitados a la Casa de las Leyes como escenario. Sobresalió la indefensión expresada por los afectados que con la pensión de 4300 pesos logran paliar –en parte– sus menguadas economías familiares. Las críticas a grito pelado retumbaron en esa parte de la peatonal Sarmiento y apuntaron directamente a dos referentes con discapacidad del gabinete nacional: la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y el ministro de Trabajo, Jorge Triacca.

Quedó en firme el plan de protesta con una movilización para el lunes 19 a las 17 en el Kilómetro Cero del centro mendocino.

También se consolidó la idea de hacer un planteo colectivo ante la Justicia a través de un amparo. La medida cautelar, motorizada por los convocantes a la concentración pública, será llevada adelante por dos abogados que se ofrecieron para hacer la presentación en busca de suspender el efecto del decreto presidencial que causó semejante desmán.

Ahora, con el Gobierno nacional recalculando su dirección y aplicando el criterio más lógico, que es revisar a los beneficiarios sin quitar las pensiones, el escenario cambió, pero dejó al descubierto otra vez el método ensayo-error-corrección de una medida gubernamental.