El 29 de mayo la presidenta Cristina Fernández presentó el plan “Mirar para cuidar”. El mismo tiene por objetivo que distintas organizaciones sociales y políticas controlen el buen cumplimiento del nuevo acuerdo entre el Gobierno y las cadenas de supermercados en torno al mantenimiento del precio de 500 productos. 

Según explicó la mandataria durante su presentación, el programa se aplicará en una primera etapa en 50 municipios, que concentran alrededor de 19 millones de habitantes. De esta forma, la Presidenta ha interpelado a la participación ciudadana con el objeto de atacar los procesos inflacionarios que puedan surgir de la especulación de algunos sectores económicos.

La medida se informó la semana inmediata posterior al anuncio del aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sube de 340 a 460 pesos, lo cual equivale a una suba del 35,33 por ciento.  Según el anuncio realizado por la presidenta Cristina Fernández la AUH pasará a ser cobrada específicamente por las mujeres, en una medida que valora el rol de la mujer en la vida de la familia.

El aumento de la asignación universal, se supone, implica una importante inyección de dinero en la economía, lo cual puede estar sujeto a la especulación de los precios de bienes que componen la canasta básica. De allí que el intento de generar mecanismos de control para evitar que estos nuevos porcentajes de ingreso sean absorbidos por subas especulativas haya sido bien recibido por organizaciones sociales y políticas, de las cuales muchas ya venían desarrollando campañas de control de precios desde el primer acuerdo de congelamiento establecido a principios de año.  

La medida –como todas las propuestas realizadas por el Gobierno– ha generado voces a favor y en contra, motivadas en la mayoría de los casos por tendencias político-partidarias. En función de ello, Edición UNCuyo consultó a dos referentes políticos cuyas miradas se encuentran en polos opuestos respecto de este tema.

El diputado nacional por el Frente Para la Victoria Guillermo Carmona, referente de la Corriente Nacional de la Militancia en Mendoza, consideró que desde hace algún tiempo “en Argentina existe un claro fenómeno de inflación por expectativas, es decir, procesos inflacionarios que se intentan generar por una acción especulativa desde los sectores formadores de precios. En ese sentido, el acuerdo de precios viene a ser un método adecuado para moderar esas tendencias inflacionarias que han sido exitosamente contenidas por el Gobierno Nacional, pero que requieren un trabajo que tenga continuidad”.

A su vez, la diputada provincial Liliana Vietti, perteneciente al radicalismo disidente que responde a las figuras de Roberto Iglesias y Víctor Fayad, opinó diferente respecto a la medida y consideró que “el control de precios propuesto a través de militantes marca una confusión entre lo institucional y lo partidario que degrada lo institucional”. Sin embargo, reconoció no conocer demasiado en profundidad la medida y la forma en que sería aplicada.

Participación ciudadana

El proyecto del Ejecutivo de la Nación alude de alguna manera a promover el compromiso de la ciudadanía en torno a las políticas públicas que las afectan. Alude a un ejercicio que refleja el paso conceptual de una democracia representativa a otro modelo que considera que el buen funcionamiento democrático implica la participación activa de la ciudadanía.

En este sentido, Guillermo Carmona, consideró que lo que se está proponiendo, fundamentalmente, es el compromiso ciudadano de los distintos sectores de la sociedad civil en el control del cumplimiento, por parte de los generadores de precios, de los acuerdos que han alcanzado con el Gobierno: “Para eso es importante que todos estemos atentos a estas situaciones y que generemos los mecanismos de denuncia adecuados cuando no haya cumplimiento de estos acuerdos de precios”.

Liliana Vietti, en otra dirección, sostuvo: “El primer ruido que genera esta medida es que la Presidenta llama a un control de precios a las agrupaciones militantes y no a los organismos institucionales que existen para esto, y ahí es donde se mezcla lo institucional con lo político-partidario”. Asimismo, opinó que las medidas de control de precios nunca han funcionado bien. “Aparentemente esto se ha tomado como una medida para combatir la inflación. Una medida aislada que, tomada así, no es una medida de fondo con respecto a la inflación si no hay un conjunto de medidas”, dijo.  

Por su parte, Carmona, señaló: “El programa lanzado por la Presidenta tiene por objetivo controlar los precios para cuidar el poder adquisitivo de los argentinos y, en ese marco, no solamente las organizaciones políticas como es el caso de la Corriente Nacional de la Militancia, sino también las organizaciones sociales, gremios, asociaciones de consumidores, todos seguramente debemos actuar diariamente en función de garantizar que se cumpla lo acordado y, en caso de que no se lo haga, darle intervención a los mecanismos competentes que son las direcciones de Defensa del Consumidor de las distintas provincias”.

Respecto a la participación ciudadana, Vietti, opinó que, cuando uno, como ciudadano, va a un comercio y se encuentra con valores diferentes a las ofertas y precios previamente publicados, basta “con solo decirle que uno va a ir a Defensa del Consumidor, y a uno le dicen que se ‘equivocaron al poner el cartelito del precio’. Me parece que el control ciudadano puede ser denunciar los precios ante Defensa del Consumidor”, explicó.

A su turno, Carmona agregó: “Esta propuesta de la presidenta Cristina Fernández es asumida por el kirchnerismo y esperamos que también sea asumida por otras fuerzas políticas, organizaciones sociales y gremiales. Nosotros vamos a actuar con solidaridad con otras organizaciones políticas del kirchnerismo a los efectos de operativizar esta propuesta que la Presidenta lleva adelante”.