El Senado de la Nación aprobó sin consultas amplias una reforma al Código Penal según la cual quedaría prohibido el proceso a prueba -más conocido como probation- para los casos en los que haya violencia de género. "La suspensión del proceso a prueba funciona como una posibilidad de evitar un juicio y reparar un daño con una serie de medidas", explicó Ileana Arduino, abogada con orientación en derecho penal e integrante de la junta directiva de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Se aplica a casos en los que, si hubiera una condena, la misma no superaría los 3 años de privación de libertad y/o en suspenso. 

Para alertar a diputados/as, distintas organizaciones de la sociedad civil elaboraron un documento que reúne diez razones para no prohibir la probation en casos de violencia de género. Entre los puntos más importantes destacan que una salida alternativa al castigo penal, como la probation, bien implementada y debidamente supervisada ofrece la posibilidad de reparar el daño que se ha producido. 

Asimismo, señalaron que el Estado no trata como sujetos de derecho a las víctimas de violencia de género sino que las usa como excusa para aumentar el castigo penal y que un uso responsable de la probation permitiría revisar la cultura patriarcal de la que el castigo punitivo es parte. A su vez, indican que el castigo penal no guarda ninguna relación con la reducción de la violencia.

Arduino señaló, "que las dimensiones de violencia de género son muchas. Algunas hacen preferible una opción reparatoria, porque la víctima siente que prefiere reparar y otras en la que esa dimensión no va a aparecer. No decimos que nunca debe haber juicio, sino que debe haber tantas opciones diversas como los conflictos plantean. Siempre es preferible reparar que castigar".