La Justicia Civil, a través de la decisión de un tribunal del Fuero Civil, dio lugar a una medida cautelar planteada por las víctimas del caso Próvolo para que la Municipalidad de Cuyo deposite los fondos de la compra del inmueble en una cuenta judicial, en lugar de hacerlo directamente a la Obra de San José, anteriores propietarios. La comuna ya fue notificada y calificó la noticia de "positiva".

El precio acordado fue de $ 153 390 907, pagaderos en cinco cuotas. La primera de ellas, de $ 60,5 millones, ya fue efectuada; el resto se abonará en cuatro pagos anuales e iguales de 637 987 dólares cada uno. La resolución se conoció este mediodía y fue confirmada por los abogados Juan Manuel Lavado y Leandro Rodríguez Pons, quienes llevan adelante demandas civiles por daño moral.

Como resultado de esta disposición, los futuros pagos por la transacción del edificio donde funcionaba el instituto no se harán a la Obra de San José, sino que irán directamente a una cuenta bancaria abierta por la Justicia en representación de las víctimas.

La reparación económica que implica una acción por daño moral cobró mayor relevancia luego de que se conociera la primera condena a uno de los cuatro imputados en la causa penal. Este es el caso del monaguillo Jorge Bordón, quien reconoció los abusos y fue sentenciado a 10 años de prisión.

"Hubo un pago inicial de 60 millones de pesos y restan cerca de 93 millones. Acá lo que se embarga es la suma que el juez propone para cubrir el capital de esa demanda, los intereses, costas del proceso y honorarios profesionales", indicó Leandro Rodríguez Pons, abogado de las víctimas.

La Municipalidad de Luján de Cuyo y la Asociación Obra San José, en un acuerdo entre partes, iban a constituir un fideicomiso del cual no formaban parte las víctimas. "No nos podemos valer de un contrato del que no somos parte, no nos garantiza nada el fideicomiso, porque si se incumple, las víctimas no pueden reclamar", agregó. "Creemos que es insuficiente la suma porque son todas causas de montos importantes y va a haber muchas demandas civiles; hay laborales por 2 millones de pesos ya. Las demandas civiles no son las únicas deudas que debe afrontar la Obra San José. Hace un año y medio no tiene actividad, por eso se solicitó el embargo, porque justamente entendemos que la asociación puede no tener con qué responder cuando se consiga una sentencia", concluyó.

La suma ya abonada por la comuna que comanda Omar De Marchi no será embargada porque "desconocemos dónde se depositó dicha suma. El pedido de embargo es sobre las sumas que se adeudan, era una medida urgente", afirmó el letrado.

Rodríguez Pons no descartó que en otro proceso, y conociendo la cuenta donde se realizó el primer pago, se proceda de la misma forma. "La Municipalidad, cuando hizo la operación, no informó ni ha dado a conocer a qué cuenta se transfirió esa suma de dinero. Frente a esa situación, nos queda embargar las sumas que no se han abonado y que la municipalidad deposite, que es lo que ordenó el juez, en una cuenta en el Banco Nación en vez de pagarlo a la Asociación Obra San José", sostuvo.

Piden que el dinero por la compra del Próvolo lo retenga la Justicia

Esto es raíz de una medida cautelar presentada por los abogados querellantes que buscan que esas sumas sirvan para garantizar el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a las víctimas. #UnidiversidadNoticias