El presidente de la Generalitat (sistema institucional en que se organiza políticamente la comunidad de Cataluña en España), Carles Puigdemont, se presentó en la mañana de este lunes 2 para valorar la jornada de votación del domingo 1.º en Cataluña. Hay que recordar que durante la celebración de la votación unilateral sobre la independencia, el Gobierno español reprimió con la policía en algunos puntos, por lo que el presidente catalán pidió la intervención de la Unión Europea (UE).

Puigdemont fue muy duro con la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil y anunció la creación de una comisión especial de investigación sobre los hechos violentos en Cataluña. Sin embargo, evitó hacer declaraciones sobre la proclamación unilateral de la independencia.

De hecho, el presidente catalán pidió una negociación al Gobierno y no quiso ser muy preciso sobre los términos de esas conversaciones. En principio, dijo que el objetivo que debe perseguirse es el de "restablecer la normalidad institucional" sobre tres bases: deshacer "la intervención de las cuentas de la Generalitat", establecer "un compromiso de que no haya más violencia policial" y empezar a construir un "clima de distensión".

El presidente catalán Carles Puigdemont pidió una serie de puntos para reestablecer la mediación. Foto: diario El Mundo.

El "president" puso como condición para la negociación que se establecezca la "mediación" de una tercera parte internacional. "No dejaremos de insistir en lo que ya es un clamor internacional: este momento pide mediación. El Gobierno español debe estar dispuesto. Si aparecen actores que se prestan, sería una irresponsabilidad no hacerlo", afirmó Puigdemont, de acuerdo a lo que publicó el diario El Mundo.

Con esta petición, el objetivo del Govern es que la UE deje de considerar el problema catalán como un asunto interno español. Un portavoz del gobierno de Puigdemont afirmó a la prensa que es "evidente que la UE debe de dejar de mirar hacia otro lado. Es un asunto europeo, no doméstico". El funcionario de gobierno se mostró satisfecho por los resultados de la votación y expresó: "Hemos ganado el derecho a ser escuchados, a ser interpelados directamente desde las instituciones europeas", subrayó, antes de expresar su "decepción" con la Unión.

Eso no significa que esté dispuesto a renunciar a "aplicar el resultado" del referéndum, en el que la participación, según los datos de la propia Generalitat –los únicos disponibles–, se quedó de nuevo por debajo del 50 %. Puigdemont aseguró, en lo que el Gobierno español puede considerar un ultimátum, que el resultado del referéndum "es vinculante, y sobre ese resultado tenemos el deber de tomar decisiones políticas".

La Ley del Referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, establece que el Parlament proclamará la independencia en un plazo máximo de 48 horas después de que los resultados se den por oficiales. Eso, según Puigdemont, "no pasará hoy, ni difícilmente mañana". En este sentido, el president dejó entrever que si el Gobierno acepta la negociación que propone, replanteará sus planes.

Escalada de violencia

De acuerdo a lo que difundió el diario El País, el Gobierno recurrió el domingo 1.º a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para descabezar el referéndum de independencia convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional. Pese a la ofensiva judicial y policial de las últimas semanas contra la consulta, cientos de colegios electorales abrieron en toda Cataluña en un acto de claro desafío al Ejecutivo y a los tribunales que culminó con numerosas cargas policiales.

La situación estalló a las 8.30 de la mañana, cuando efectivos de la Policía Nacional procedieron al desalojo de colegios electorales en Barcelona y las principales ciudades. La Guardia Civil hizo lo propio en municipios más pequeños. En total fueron cerrados 319 colegios, según datos de la Generalitat. La actuación dejó numerosas escenas de uso de la fuerza para romper las cadenas humanas que los manifestantes habían formado para blindar los colegios electorales.

El objetivo del Gobierno era descabezar el referéndum en los principales centros de población requisando urnas y material electoral. Las actuaciones con entradas por la fuerza en centros electorales provocaron 844 heridos y atendidos por ataques de ansiedad, según la Generalitat. Dos de los afectados requirieron hospitalización. En Lleida, un hombre de 70 años sufrió un infarto durante el desalojo de un colegio y fue trasladado al hospital en estado crítico. En tanto, en Barcelona un joven tuvo que ser intervenido quirúrgicamente fruto del impacto de una pelota de goma en el ojo.