Reforma de la 7722: entre la falta de certeza jurídica y el miedo

Unidiversidad entrevistó al integrante de la Comisión de Ambiente del Colegio de Abogados. Consideró necesario cambiar la llamada ley "antiminera", pero que antes el Ejecutivo debe controlar mejor.

Reforma de la 7722: entre la falta de certeza jurídica y el miedo

Para Hernández, el tema minero no se puede analizar desde posturas fundamentalistas. Foto: Unidiversidad.

Sociedad Unidiversidad Ley 7722 / por Verónica Gordillo / Publicado el 05 DE OCTUBRE 2018

Guillermo Hernández, integrante de la Comisión de Ambiente del Colegio de Abogados, cree que es necesario modificar la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros. Sin embargo, también cree que, antes de abrir esta discusión, el Ejecutivo debe mostrar señales que brinden certeza jurídica a los ciudadanos, porque entiende que esa falta de certezas es lo que genera temor, y enumeró algunas de esas posibles señales: fortalecer los sistemas de control, poner en marcha políticas concretas de ordenamiento territorial y cumplir sin concesiones con la Ley de Glaciares.

Las opiniones encontradas sobre la necesidad o no de modificar la ley que se aprobó en 2007 surgieron desde el momento en el que el senador justicialista Alejandro Abraham presentó en la Legislatura una iniciativa en ese sentido. Las organizaciones ambientales, en especial las Asambleas por el Agua Pura, la rechazaron, mientras el sector minero aplaudió la idea y desde el Ejecutivo le dieron luz verde a la discusión, que comenzará en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

Para Hernández, la minería es uno de los temas que no se pueden analizar partiendo de posturas fundamentalistas. Dijo que es tan malo que las firmas crean que puede hacer cualquier cosa como que los ambientalistas se opongan a todo, o que una provincia como Mendoza no desarrolle una actividad lícita porque no cuenta con mecanismos de control efectivo.

El profesional juzgó como positivos algunos aspectos de la iniciativa de Abraham. Especialmente, elogió que los proyectos no deban lograr la aprobación legislativa y la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, así como direccionar las regalías a fines específicos.

Contrapunto en la Legislatura por las modificaciones a la 7722

El proyecto del senador Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) para modificar la Ley 7722, que prohíbe en la provincia la utilización de sustancias contaminantes en la minería a cielo abierto, reavivó -como era de esperarse- el cruce entre las organizaciones ambientalistas y el lobby empresarial.

 

Una nueva realidad

¿Hay un escenario distinto al de 2007, que posibilite la apertura de esta discusión?

Ha cambiado la situación. Se sancionaron la Ley de Ordenamiento y el Plan Provincial, además de la Ley de Protección de Glaciares y del Inventario Nacional, entonces creo que la situación cambió radicalmente. Hoy el territorio está teniendo un comienzo de ordenamiento, entonces se debe analizar la vocación y las aptitudes del territorio conforme a su realidad, y en esto es crucial la participación de los municipios.

¿Cómo se imbrican estos cambios con la minería?

Teniendo en cuenta estas normas es que la minería no se va a hacer donde quieran, sino donde puedan. Hoy no se hace, lo único que se hace es minería de tercera categoría, es decir, las canteras. Creo que se debería permitir que se desarrolle la actividad, pero sujeta al ordenamiento, a la protección de los glaciares, que es innegociable, ya que los proyectos deben estar fuera del espacio glaciar y periglaciar, y por supuesto de las áreas protegidas. Fuera de eso, la minería deberá ver dónde puede actuar y, conforme a eso, cumplir con todos los requisitos.

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Marcelo Giraud, integrante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, dijo que los proyectos que impulsan eliminan aspectos sustanciales de la norma. Mientras tanto, el senador provincial Alejandro Abraham afirmó que el proyecto presentado ...

¿Hoy existe algún desarrollo?

En lo que se denomina primera y segunda categoría, no se hace absolutamente nada. La 7722 es un freno muy importante y creo que este freno no está tanto en la parte técnica como en la política, porque hacer depender la aprobación de un proyecto de exploración, ni siquiera de explotación, de la aprobación legislativa torna inviable cualquier tipo de pretensión. Dejar un proyecto sujeto al vaivén político de la Legislatura, que, ojo, hoy es no y mañana es sí, creo que no es bueno. Por eso me parece positivo que el proyecto de Abraham plantee formar una Comisión Bicameral de Control.

Además de este aspecto que nombró, ¿cuál es su opinión de la iniciativa?

Creo que el proyecto tiene aspectos positivos, gana en sustentabilidad. Por ejemplo, crea una tasa minera que es el 1,5 % de la facturación anual de las empresas, deducido de las regalías y el IVA, y ese porcentaje va al fortalecimiento del sistema hídrico, es decir, sistemas de riego y de distribución de agua potable, y el 0,5 % a construcción de vivienda, donde Mendoza tiene un déficit importante.

Los ambientalistas aseguraron que esos montos son ínfimos.

Tienen razón, porque las empresas pagan el 3 % de lo extraído en boca de mina, nada. Ese es un tema que hay que resolver a nivel nacional, pero creo que hoy la Provincia está en condiciones de sentarse a negociar, porque a la Nación le interesa que se desarrolle la minería.

Las empresas dicen que la Ley 7722 es "un cepo" para la actividad minera

Así lo aseguró Carlos Ferrer, de la Cámara de Servicios Mineros Mendoza. Dijo que es necesario iniciar un debate serio y técnico para analizar las propuestas de modificación de la norma.

Algunos ciudadanos sienten temor ante la posibilidad de que existan proyectos porque no confían en los controles. ¿Hubo algún avance en este sentido?

No, por eso me parece que una condición sine qua non para empezar a hablar de esto es empezar a fortalecer la autoridad de aplicación. Una vez que tengamos eso bien, nos sentamos a charlar de este tema. Si tenemos funcionarios corruptos, sistemas legales que pueden ser buenos pero no tienen los fondos necesarios para que se constituya una verdadera autoridad de aplicación, no vamos a ningún lado. Yo debería tener en la Dirección de Protección Ambiental 20 inspectores y 10 camionetas último modelo como mínimo, y eso no está. También debe mejorarse la participación social, eso es fundamental; si no hay participación social, no hay manera de que esto camine. Entiendo que la gente desconfíe, tiene razones para desconfiar, no hay certeza jurídica, no hay seguridad jurídica. Los ambientalistas tienen toda la razón del mundo en ese aspecto de quejarse, porque en esa falta de certeza se genera el miedo.

¿Cómo se logra esta participación social? Porque lo cierto es que muchas experiencias en Latinoamérica fueron en sentido contrario.

Es cierto que en Latinoamérica los proyectos han sido de espaldas de la comunidad, los han saqueado, los han contaminado y no les han dado nada, que es lo que no tenemos que hacer. Creo que para que un proyecto minero camine, tengo que tener el ok de la comunidad. ¿Cómo lo voy a obtener? Ahí tendrán que trabajar Estado y empresa. Veamos los casos de San Juan o Catamarca, con emprendimiento mineros gigantes, con empresas enormes, que hicieron algunas cosas bien y otras mal, pero lo cierto es que los pueblos cercanos siguen en la misma condición que hace cincuenta años, siguen sin servicios básicos, sin agua, sin luz, en vez de ser pequeños centros económicos.

Con esta realidad, ¿cree que están dadas las condiciones para abrir esta discusión?

Es una cuestión política. Los mineros extremos, como los ambientalistas extremos, no llevan a ninguna solución. El minero extremo dice: "Hay que agujerear la cordillera, donde sea". No le importa, pero no, hoy tenés que respetar mil cosas: cumplir con la Evaluación de Impacto Ambiental, con las leyes de Ordenamiento, de Áreas Protegidas, de Glaciares, porque hoy tenés blindada la cordillera. Entonces, si vos querés hacer minería, vas a tener que hacerla de una manera muy concreta, muy sustentable, muy bien hecha. Tampoco podemos irnos al otro extremo. Hoy la Provincia necesita diversificar su matriz productiva y la minería puede ser una opción. Incluso podemos ser un ejemplo en la materia.

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