Sanción inicial para eliminar la figura de los sueldos equiparados a magistrados

El proyecto del Ejecutivo generó cruces entre opositores y oficialistas por los cambios realizados en la iniciativa que favorecen a varios empleados.

Sanción inicial para eliminar la figura de los sueldos equiparados a magistrados

Foto: Prensa Cámara de Senadores Mendoza

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Unidiversidad

Unidiversidad / Fuente: Prensa Legislatura de Mendoza

Publicado el 26 DE MAYO DE 2020

El Senado aprobó el proyecto de equiparación de cargos en el Estado con 22 votos a favor y 16 en contra. La iniciativa que prohíbe que empleados de los tres poderes perciban salarios mayores al del Gobernador pasó a la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratada.

La propuesta fue avalada por los bloques de la UCR, Masfe, Libres del Sur y el PRO, mientras que el Frente de Todos, el Frente de Izquierda, el Partido Intransigente y Protectora Fuerza Política votaron en contra. El vicegobernador Mario Abed, los secretarios legislativo y administrativo y los presidentes de bloque estuvieron en el recinto. Los legisladores, taquígrafos e intérprete de lengua de señas participaron de la sesión desde sus hogares.

La oposición cree que el texto de la norma castiga a 12 equiparados, pero beneficia a otros 60 empleados. El senador peronista Lucas Ilardo dijo que esto provocará que se desarrollen diferentes juicios laborales y afirmó: “El proyecto del Gobernador venía con 80 equiparados, y ahora tenemos solamente 12. Me gustaría saber quiénes son los 60 que decidió perdonar el Gobernador”.

A la vez, Ilardo declaró: “Tengo una desilusión respecto de lo que está ocurriendo hoy en la Legislatura. Dos de las leyes que se tratan hoy son sin consenso, es decir, solo el bloque oficialista ha definido el tratamiento de estos proyectos en desacuerdo con el resto de los bloques. Hay un avasallamiento institucional, se queda a la mitad de camino de un gesto bien intencionado del Gobernador”.

Sobre las modificaciones del proyecto, ya que el que se aprobó este martes no es igual al que presentó el oficialismo en marzo, el senador Lautaro Jiménez (FIT) señaló: “En el artículo 5 hay una serie de prerrogativas que no estaban presentadas previamente. Mientras limita a un sector, le abre la puerta a otro sector”, detalló.

Al respecto, el legislador radical Juan Carlos Jaliff dijo: “No escuchamos una sola palabra de los que se oponen a las designaciones que se han hecho en el Poder Judicial. Pretendemos establecer la legalidad para las designaciones, que no han tenido legitimidad. Buscamos ordenar irregularidades, el número no me interesa. Solicito el tratamiento y la aprobación del proyecto”.

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo busca terminar con la posibilidad de que un agente estatal reciba un sueldo distinto a su situación de revista, es decir, para lo que fue nombrado, o de las tareas que realiza efectivamente, tanto en el caso de que sea un exceso o una disminución del haber. También emplaza a todos los organismos a regularizar esta situación en un mes. 

La propuesta además solicita que se supriman los cargos equiparados a magistrados en el Poder Judicial de la Provincia, con excepción de los funcionarios incluidos en Planilla Anexa N.° 2-A de la Ley N.° 4322, y siempre que hayan estado cumpliendo las funciones jurisdiccionales allí descriptas al 1.º de febrero de 2020. La propuesta contempla que no podrán existir ni cubrirse cargos de secretarios relatores en proporción mayor a cinco funcionarios por ministro de cada sala jurisdiccional. En caso de que a la entrada en vigencia de la propuesta se excediera esa cantidad máxima, los cargos excedidos no podrán ser nuevamente cubiertos cuando quedaren vacantes.

También especifica que se encuentran exceptuados todos los cargos que hubiesen sido designados en esas categorías salariales por expresa previsión o autorización legal, siempre que los mismos estuviesen cubiertos al día 1.º de febrero del 2020 para el cumplimiento efectivo de las funciones previstas por la ley habilitante. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de aplicar la ley, debiendo cumplir con esto en un plazo de 30 días desde su publicación.

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