El proyecto en este momento se encuentra en comisiones. Sin embargo, el gobierno provincial ha tomado la iniciativa y está llevando a cabo un registro en el área de derechos humanos.

“Queremos que el proyecto tenga fuerza de ley. No solo se busca que sea para personas nacidas entre 1976 y 1983, sino para muchos nacidos antes y después de la última dictadura”, afirmó la legisladora María José Sanz.

En la provincia de Mendoza, al día de hoy, hay más de 100 mil personas que dudan sobre su identidad. “Creemos firmemente que el Estado debe ofrecer todo lo que esté a su alcance para poder colaborar con la causa. También es un registro que pueden utilizar aquellas madres que crean que sus niños han sido robados o cambiados en la maternidad donde nacieron. El proyecto en sí está enfocado en el tráfico de bebés, pero aquellos mayores de edad que también duden sobre sobre su origen pueden acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para poner en claro su situación” declaró la diputada Sanz.

De aprobarse, el Estado se ocupará de hacer los análisis de ADN, ya que muchas personas no pueden afrontar su costo. Los profesionales de la salud también podrán ser compelidos a brindar información a la justicia en caso de que se lo requiera.