Sitea denunció al Gobierno por persecución

El sindicato hizo una presentación en la Justicia por un reglamento que especifica cómo deben ser las asambleas convocadas por los gremios y fue publicado en el Boletín Oficial. Desde el Ejecutivo afirman que se trata de una medida para establecer el orden en la administración pública.

Sitea denunció al Gobierno por persecución

El sindicato aseguró que la normativa viola la Constitución y tratados internacionales.

Sociedad

Unidiversidad

Unidiversidad / Juan Stagnoli

Publicado el 13 DE JULIO DE 2016

La situación entre el Gobierno y los sindicatos no es de las más amigables. De hecho, las suspensiones y despidos de empleados municipales y la falta de consenso en las paritarias provocaron que los gremios realicen paros, movilizaciones y protestas para manifestarse en contra de las medidas del gobernador Alfredo Cornejo, pero también de las que tomó el presidente Mauricio Macri.

En la nueva disputa, la situación llegó a la Justicia. En esta oportunidad, el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) presentó un amparo judicialpor el cual denunció al gobierno de Mendoza por “coartar la libertad sindical y violar la constitución y convenios internacionales” de trabajo, y pidió que se dé marcha atrás con una resolución publicada en el Boletín Oficial en el mes de junio de 2016.

En un extenso documento, el sindicato criticó la resolución N.º 129, publicada el 9 de junio de 2016, que estableció que las asambleas en lugares de trabajo convocadas por las asociaciones sindicales que actúen en el ámbito de la Administración Pública no necesitarán autorización previa alguna para su realización, siempre que se cumpla con un instructivo que establece los tiempos y las condiciones de la reunión.

Amparo-Asambleas. Gobierno 2 (1)

 

En este sentido, Sitea emitió un comunicado y afirmó que el Gobierno no puede determinar el derecho a reunión de los trabajadores. Según indicaron en el amparo judicial, “el gobierno no sólo anula sino que declara ilegales las asambleas de personal, fundado en fallos que se refieren a trabajadores que se desempeñan en servicios esenciales, que nada tienen que ver con la tarea desarrollada por los trabajadores de toda la administración y mucho  menos porque asimila la asamblea a la huelga”.

Según agregaron, el reglamento viola los artículos 14 bis de la Constitución de la Nación y la Ley 23551, y “llega a la arbitrariedad absoluta cuando el empleador reglamenta, individualiza a quienes piden la asamblea, y actúa así como organismo persecutorio y represor para impedir el ejercicio de los derechos sindicales”.

El secretario general del gremio, Federico Lorite, afirmó que la resolución trata de aleccionar a los trabajadores y que, de cumplirse este protocolo, sería un retroceso en cuanto a los derechos laborales de los empleados estatales. “Es un tema político para generar una regresión, para que los laburantes no se puedan organizar”, espetó Lorite, al tiempo que especificó quecontinúan con asambleas normales y que siempre avisaron un día antes de las reuniones.

El secretario explicó además que no recibieron información por parte del Gobierno sobre la aplicación de la resolución, pero según sus palabras “nada le sorprende”. “Suspendieron salarios, despidieron compañeros y provocaron una regresión en cuanto a los derechos, a las paritarias les pusieron techo y en algunos casos salieron por decreto”, indicó.
 

Qué dice la resolución

La resolución firmada por el ministro de Gobierno Dalmiro Garay especificó las características que deben tener las reuniones de los empleados convocadas por los sindicatos. En este sentido, las mismas deben ser anunciadas 24 horas antes, establecer la fecha y la hora de la reunión y estipular la duración estimada, que no podrá superar el 20 % de la jornada de trabajo. Asimismo, los empleados que participen en las reuniones deben informar al jefe superior, sin que se requiera autorización especial para esto.

Según indica la publicación, “Para el caso en que la reunión se extienda por tiempo mayor, se procederá a descontar parcialmente el proporcional correspondiente. Si la duración de la asamblea supera el cincuenta por ciento (50 %) de la jornada normal habitual, se procederá a descontar el día al personal que no se haya reintegrado en el lapso fijado”. Entre los puntos dispuso que en aquellos servicios públicos esenciales la participación en las reuniones y asambleas debe respetar los servicios mínimos establecidos para los casos de acción directa, con el fin de evitar su interrupción o grave alteración.

El ministro de Gobierno Dalmiro Garay aseguró que la medida busca no afectar el servicio. Foto: Axel Lloret. 

Desde el Ministerio de Gobierno aseguraron que desconocían la denuncia. En este sentido, Garay dijo a Unidiversidad que se trata de un conjunto de actos para darle orden a las reuniones y no interrumpir el servicio.

El funcionario aseguró que muchas veces las asambleas son un marco de protesta. “Son asambleas informativas que no se prohíben y el protocolo dice cómo debería hacerse para no afectar el servicio. El tema es que no se puede afectar las guardias mínimas”, explicó el jefe de ministros, al tiempo que aseguró  que la medida se relaciona con otras iniciativas implementadas por el Ejecutivo, como el ingreso y el ascenso por concurso y las paritarias. 

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