Mañana 16 de julio se cumplirán tres años de la firma entre la empresa estatal YPF y la compañía estadounidense Chevron para explotar Vaca Muerta. Sin embargo, esa no es la novedad. Ayer 14 de julio, la Justicia insistió nuevamente en la apertura informacional con respecto al acuerdo que firmaron las dos sociedades.

Por medio de un fallo, la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó los planteos de YPF, que se negaba a cumplir con la sentencia de primera instancia que la obligaba a hacer públicas las cláusulas de su contrato con Chevron, y ordenó que la petrolera argentina le entregue la información relacionada con el convenio en cuestión.

De este modo, YPF deberá entregar toda la documentación correspondiente al acuerdo en el plazo de cinco días, el cual ya había sido fijado por la jueza de primera instancia. En caso de que no se cumpla con el dictamen, la Cámara amenazó con iniciarle una causa por “desobediencia”, cuyo delito prevé una condena de 15 días a un año de prisión, de acuerdo con lo dispone en el Código Penal.

El contrato sobre el que se generó la discusión fue sellado en julio de 2013 por la compañía estatal, entonces presidida por el ingeniero entrerriano Miguel Galuccio, y la gigante del norte. Aquel documento establecía un acuerdo de inversión en torno a los USD 1500 millones para la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, ubicada en Neuquén. No obstante, aquella firma entre las compañías recibió muchas críticas debido a las cláusulas secretas que contenía.

En medio de ese panorama, el entonces senador Rubén Giustiniani se presentó ante la Justicia para obtener documentación con respecto a aquel contrato. No fue sino en noviembre de 2015 que la Corte Suprema hizo lugar a su pedido, apoyándose en el derecho de acceso a la información pública. Ante ese escenario, la petrolera argentina hizo entrega de una copia del contrato al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, no sin antes pedir la reserva de ciertos puntos, ya que entendía que su difusión podía “comprometer secretos industriales, técnicos y científicos”.

Ya para marzo de este año, la jueza Cristina Carrión de Lorenzo ordenó la aplicación del fallo de la Corte y estableció una multa diaria si no se cumplía con la sentencia, a partir de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de las partes. Sin embargo, eso no impidió que YPF realizara nuevos planteos. La compañía insistió en la necesidad de preservar bajo reserva los pormenores del acuerdo, pero su pedido fue rechazado por la Cámara en su fallo, el cual firmaron los jueces Carlos Grecco, Clara Do Pico y Rodolfo Facio.

"Una recta inteligencia del pronunciamiento de la Corte Suprema no puede llevar sino a la conclusión de que al hacer lugar a la demanda acogió, indudablemente, la pretensión del demandante", afirmaron los magistrados.
 

Información del acuerdo entre YPF y Chevron

Para la primera fase, el acuerdo establecía un desembolso inicial de USD 1240 millones. En tanto, para la segunda etapa del proyecto se acordó la perforación de más de 1500 pozos adicionales para alcanzar, en 2017, una producción de 50 mil barriles de petróleo y 3 millones de metros cúbicos de gas natural asociado por día, según un comunicado de la petrolera estatal.

En cuanto a la participación, la petrolera argentina se comprometió a aportar la concesión de las áreas para producir petróleo y gas no convencional. Por su parte, Chevron sólo se comprometió a compartir los costos de exploración, explotación y los recursos tecnológicos y humanos.

Para sellar el acuerdo, el Gobierno de Fernández –económicamente proteccionista– declinó su postura habitual y se vio obligado a firmar un decreto cuyo contenido permitía a Chevron exportar parte de la producción sin retenciones y le garantizaba la libre disponibilidad de los fondos en dólares de las operaciones. Aquel nuevo marco de promoción recibió el aval de las empresas YPF, Chevron, Exxon, Pan American Energy, Gas Medanito y Compañía General de Combustibles (CGC), además de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH).
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales

En mayo de 2012, el Estado nacional obtuvo la mayoría accionaria de la compañía, que estaba en poder del grupo español Repsol, a través de una expropiación. De esa manera, la firma petrolera fue renacionalizada, no sin antes desatar una controversia con Madrid.