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El proceso de restructuración de la agencia oficial de noticias desembocó, entre otros cambios, en 350 despidos, dos de ellos en la corresponsalía provincial.
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Diego Parés, secretario adjunto de Sipremen, dialogó con Gente Sin Swing.
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Esta medida fue
dispuesta por la fiscal especial Claudia Ríos, quien
lleva adelante la causa abierta tras una información surgida en San Luis y que
asegura que la Yaquelina Vargas, presunta jefa narco, mandó a matar a los periodistas.
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Denuncian que se quiere remover a Bohm porque ha ratificado la vigencia del convenio de trabajo de los periodistas, convenio que las empresas se resisten a aplicar y que implicaría casi duplicar los sueldos actuales.
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La reforma de la Ley de Ministerio Público tuvo sanción en diputados, hecho que no habría sido posible si el oficialismo no daba marcha atrás con la séptima cláusula del proyecto.
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El gremio que nuclea a los periodistas de la provincia analizará la posibilidad de iniciar una acción judicial contra el Ejecutivo en caso de que se apruebe la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal sin modificar el artículo 7.
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El secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Mendoza, Diego Parés, da cuenta de los entretelones que tuvo la reciente avanzada del Grupo Medios Andinos S.A. sobre los derechos de sus trabajadores. Según el referente, partícipe directo de la recuperación del gremio en los últimos años, fue “la acción sindical colectiva y la unidad de sus afiliados lo que provocó que la empresa diera un paso al costado” sobre un despido que podría haberse convertido en un nuevo escándalo de las patronales mediáticas en la provincia.
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La UNCUYO convocó este lunes a una charla debate por la situación laboral del conjunto de periodistas de Mendoza. Hoy será la audiencia pública llamada por la Corte local, por un caso que puede ser un precedente para la aplicación del artículo 58 del Convenio Colectivo de Trabajo que regula la actividad y se refiere al escalafón salarial.
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La escandalosa sesión en Diputados, que ante el impulso de radicales y demócratas concluyó en el tratamiento del juicio político al juez Böhm, ha desatado una crisis institucional. La decisión del gobernador Francisco Pérez de llevar ante la justicia las amenazas que recibió de parte del empresario Gustavo Mátar, desnuda la alevosía del accionar corporativo contra las instituciones de la provincia que ejercen los principales grupos locales de medios de comunicación. Realineamientos políticos y perspectivas frente a un avasallamiento explícito.
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Cruz Calvet, secretario gremial del Sindicato de Prensa de Mendoza, dialogó este miércoles con Radio Nacional sobre la situación derivada tras la presentación, el pasado jueves 30 de enero, de un pedido de juicio político contra el juez Carlos Böhm por parte de los legisladores Patricia Gutiérrez y Gustavo Valls.
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La promoción del juicio político en la Legislatura Provincial al juez de la Suprema Corte de Justicia Carlos Böhm, por incumplimiento de los deberes del funcionario público, está atravesada por los intereses de los propietarios de los medios hegemónicos de comunicación locales en contra de fallos que mejoran las condiciones salariales de quienes trabajan en esas empresas. Los medios privados hacen lobby contra derechos laborales ya establecidos y avalados en distintas instancias. La importancia de que en los próximos días los supremos converjan en lo sostenido hasta ahora y hagan cumplir la ley. Entrevista con el abogado Alfredo Marengo, representante del Sindicato de Prensa.
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Integrantes del Sindicato de Prensa de Mendoza denunciaron ante los legisladores de la Comisión de Derechos y Garantías el despido de siete empleados del multimedios UNO, así como el inicio de causas penales a los representantes gremiales. La lucha de los trabajadores comenzó en 2011, cuando la antigua conducción firmó un convenio a la baja.
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En el marco de los talleres de trabajo organizados por la Legislatura de Mendoza para sumar iniciativas concretas en torno a la Reforma Constitucional provincial, el abogado Adolfo Marengo se refirió a dos temas candentes: la libertad de expresión y el derecho a la información. Ambas problemáticas entran en contacto con el difícil escenario en el que ingresó la batalla por el salario legal de los periodistas.
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La violencia ejercida por las autoridades destituidas del Sindicato
de Prensa de Mendoza sobre los trabajadores del sector fue repudiada públicamente.
También se reclamó por el acatamiento al acuerdo salarial que varias empresas periodísticas
incumplen y se reivindicó la vigencia de la lucha de los trabajadores por la recuperación de su gremio.
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La intensidad con que hace un año
atrás los trabajadores de prensa de la provincia nucleados en PeA
(Periodistas en Alerta) llevaron adelante
su lucha en repudio a la conducción del sindicato y en defensa de la vigencia
del convenio 17/75, provocó la intervención del gremio y habilitó
nuevas expectativas.