Qué cambios habrá tras el "supermartes" legislativo

Más allá de la ampliación a nueve jueces en la Suprema Corte, hubo otros seis proyectos de ley aprobados en la Cámara Alta. Cuáles son, de qué se trata cada uno y qué beneficios implican.

Qué cambios habrá tras el "supermartes" legislativo

Foto: Unidiversidad

Provincial Unidiversidad / Publicado el 22 DE NOVIEMBRE 2017

El Senado de Mendoza aprobó en la sesión de este martes varios proyectos de ley. Si bien la más esperada y polémica fue la ampliación de la cantidad de miembros de la Suprema Corte (de siete cargos actuales pasó a nueve), las otras seis iniciativas también tienen un impacto fundamental, en diversos aspectos, entre los ciudadanos mendocinos. Aquí, un repaso de lo que se votó favorablemente y una breve reseña de cada uno de ellos.

 

Avalúo e Impositiva: premios y castigos

La ley de Avalúo fue aprobada por 20 votos afirmativos y 13 en contra. El mismo esquema de votos recibió Impositiva. Ambos proyectos son diferentes, pero se tratan de forma conjunta.

En cuanto a la ley que regula los impuestos y tasas, el radicalismo defendió los ajustes en ella señalando que la economía local ha sido parte permanente de la preocupación del Gobierno provincial, tratando de fomentar la actividad local a través de premios y castigos. Así, se ha promovido a través de descuentos para quienes pagan y multas para quienes no lo hacen. El PJ se mostró contrario a ambas normas porque, en primer lugar, el Gobierno no quiso incorporar cambios sugeridos por la oposición y, en segundo, porque cuando se acordó el Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias muchos aspectos de estas dos leyes de carácter financiero deberán modificarse.

 

Código de faltas: sin detención, pero con multas

Por unanimidad y con 32 votos a favor, hubo sanción inicial de la Cámara de Senadores para el proyecto de ley destinado a modificar el Código de Faltas. Ya no serán arrestadas las personas que viajen en el transporte colectivo de pasajeros sin poder acreditar el pago del boleto. Ahora sólo deberán pagar multa por ello.

En la sesión en la cual fue aprobada la propuesta, el senador provincial Gustavo Arenas (PJ) –autor de la iniciativa– recordó que ese proyecto lo presentó en 2012, cuando era diputado, porque ya en ese momento quien no podía constatar el pago del boleto era bajado del colectivo y podía estar hasta 30 días bajo arresto, según el Código de Faltas, que databa (hasta ayer) de 1965. Sin embargo, la detención de una ciudadana (Patricia Stibel) porque no pudo demostrar que había pagado el transporte fue el principal causante de plantearse la reforma urgente de esa legislación.

Así las cosas, ahora se prevé una sanción económica, que se estableció en 20 veces el valor del boleto no pagado, para el pasajero incumplidor. En caso de reincidencia, se multiplicaría la multa por una cantidad mayor. “El Estado es el que debe garantizar que haya lugares suficientes de recarga de la tarjeta Red Bus y que las máquinas validadoras emitan un comprobante en el caso de realizarse un pago múltiple”, advirtió Arenas.

 

Acceso a la información pública

El proyecto de ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia, de los senadores Ernesto Mancinelli (Libres Del Sur) y Daniela García (Unión Cívica Radical), fue aprobado por unanimidad en la sesión de la Cámara de Senadores y pasará a la Cámara de Diputados. El proyecto trabaja sobre dos conceptos: el primero es el acceso a la información, que es el derecho del ciudadano de solicitar datos. El segundo aspecto es el de transparencia activa, que es la obligación del Estado de publicar en forma proactiva la información. 

 

Los principales puntos del proyecto aprobado

  • Derecho a solicitar y acceder a la información pública, no siendo necesario acreditar interés legítimo ni derecho subjetivo. Debe ser mediante procedimientos sencillos, promoviendo el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
  • Promueve la rendición de cuentas de todas las instituciones y dependencias públicas.
  • Promueve la participación ciudadana en el control de la gestión del Estado y la fiscalización ciudadana del ejercicio de la función pública.
  • La información pública es gratuita. No deberá haber costo alguno, salvo una simple copia del documento o su costo de reproducción.
  • La solicitud de acceso a la información podrá ser realizada por vía electrónica y/o escrita con el personal referente que entienda de la información solicitada, no siendo necesario que el solicitante exprese los motivos de su presentación.

 

Parque Industrial Palmira: contrato de fideicomiso

Uno de los siete proyectos que se aprobó en este denominado “supermartes” legislativo fue sobre la adecuación del marco normativo que regula la ejecución del Parque de Servicios e Industrias Palmira (Pasip). Se prevé la modificación de algunos artículos de la Ley 6658 que permitirá adecuar la normativa a la realidad física jurídica en la que se encuentran las obras públicas y privadas ya ejecutadas dentro del Parque.

El objetivo de la iniciativa es que el Parque industrial sirva para atraer inversiones para nuevos emprendimientos que amplíen la matriz productiva de Mendoza y aprovechar su posición geoestratégica en el corredor Bioceánico, contando con una plataforma logística que permita la prestación de mejores servicios. En el proyecto se contempla autorizar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, la celebración de un contrato de Fideicomiso a los efectos de ejecutar, total o parcialmente, el proyecto de desarrollo del  Pasip.

 

Fondos del IPV

Senado convirtió en ley la autorización al Instituto Provincial de la Vivienda para afectar los fondos recuperados que surgen de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 1842/12, para el recupero de los créditos que aún no se hayan realizado y se encuentren en situación de hacerlo. El proyecto había conseguido sanción inicial en la Cámara de Diputados, luego de que Omar Parisi y Lucas Ilardo (PJ), autores del proyecto, lo defendieran en el recinto.

Parisi explicó que “se trata de fondos que se encuentran hoy en el IPV, que se pueden utilizar para compra de créditos hipotecarios de aquellas personas o familias que se vieron afectadas por la aplicación de la indexación en la vivienda social desde el año 2002 en adelante”. El objetivo, es que “el IPV, a través de esos fondos, con autorización del gobierno de la provincia, pueda comprar los créditos hipotecarios que quedan remanentes de tal manera que esos deudores dejen de ser deudores del Banco Hipotecario y pasen a ser deudores del IPV, para cortar la posibilidad de que puedan ser rematadas esas viviendas”.

 

Fuentes: Cámara de Diputados, página oficial Libres del Sur, diario El Sol, Unidiversidad, Radio Regional del Este.

 

 

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