El tarifazo de los legisladores: cobrarán entre 65 y 70 mil pesos mensuales

El FIT denunció un aumento de $ 11 mil de un mes para otro en la dieta. Dicen que es una "provocación para el resto de los trabajadores".

Temporada: 1

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Publicado el 31 DE MAYO DE 2016

Explotó otra vez la discusión pública por el “dietazo” denunciado por el FIT, que en realidad es el 24 % de suba como reflejo del aumento de los salarios públicos acordado en la paritaria de la Administración Central. Lo que sí pareció significativo es el monto del aumento en las dietas legislativas. Los parlamentarios se encontraron en sus cuentas con 11 mil pesos más en sus cuentas sueldos, producto de ese porcentaje de incremento.

Otra vez se discute por la falta de una ley de sueldos actualizada. Pero seguramente el martes 31 de mayo quedará como un día espasmódico de indignación colectiva, potenciada por los medios que se montan al malhumor, pero difícilmente busquen explicar los motivos de fondo.

Lo que volvió a verse es la actitud corporativa de la dirigencia política, aún del FIT el denunciante del dudoso llamado "dietazo". Nadie está dispuesto a modificar el esquema que para la ciudadanía parece injusto. La misma ciudadnía que sufre un ajuste fiscal y de servicios creciente. El denunciante y los denunciados reforzaron sus argumentos superficiales, pero ninguno piensa que se reformará y, a la par, creen que sólo será esto: un espasmo social que será superado por la coyuntura.

Del Frente de Izquierda, sólo el PTS rinde cuentas de los aportes que hacen sus legisladores y concejales como parte del “excedente” de sus haberes, ya que sostienen que cada uno de ellos se quedan con 12 mil pesos, equivalente al sueldo de una maestra con 10 años de antigüedad. Un informe interactivo de Unidiversidad procesa los datos que el PTS publica en una web partidaria.

“¿Pero adónde va la mayor parte de la dieta de los legisladores y concejales mendocinos del Partido de los Trabajadores Socialistas, uno de los dos que conforman el FIT? Según se desprende del sitio web de transparencia que publica el Frente de Izquierda, de los $ 930 mil de las dietas que donaron este año, el 65 % fue a parar a medios propios ($ 600 mil). Esto es, La Izquierda Diario Digital, el programa de TV La Izquierda Diario, la revista Ideas de Izquierda y el semanario La Izquierda Diario”, dice el informe de Unidiversidad.

“También explica que este año, en cinco meses, las donaciones se acercan al millón de pesos y ya han superado el total de 2014 ($ 720 mil) y 2015 ($ 416 mil). Esto se puede explicar porque, tras las elecciones del año pasado, el FIT tiene más cargos públicos y el monto de sus sueldos se ha incrementado. Ellos son –según especifica la misma página web con los datos de transparencia–: Nicolás del Caño (que dejó de ser diputado nacional en diciembre y no ocupa cargo alguno hoy), la senadora provincial Noelia Barbeito, los diputados provinciales Macarena Escudero, Cecilia Soria y Lautaro Jiménez, y los concejales Melisa Prado (Ciudad), Ulises Jiménez (Las Heras), Martín Baigorria (Godoy Cruz), Mailé Rodríguez (Guaymallén) y Paul Licea (Maipú)”, puntualiza como conclusión el texto.

Mientras tanto, los legisladores apuntados por el FIT, en especial los radicales, masticaron bronca contra sus pares de izquierda e intentaron explicar con lo reglamentario lo inexplicable desde la calentura que produce la desigualdad de los haberes estatales, sobre todo si se pone el ojo en la calidad y la cantidad del trabajo de un legislador.

Conclusión: todos jugaron su juego. La corporación política tiene una válvula de escape que es el mismo FIT, que denuncia el “dietazo” cada vez que hay un incremento salarial estatal y que repercute en sus ingresos; con su denuncia pública produce la catarsis colectiva, pero se queda con el dinero que denosta y lo destina para acumular poder político por fuera de la estructura tradicional dominada por las fuerzas políticas tradicionales. Por su parte, los denunciados soportan el embate, se abroquelan, esperan hasta la próxima avanzada y no tienen ninguna intención de promover un cambio real con una nueva ley de sueldos públicos.