El Gobierno acusó al fiscal de Estado de "trabajar para el justicialismo"

Fernando Simón sugirió en su dictamen que la Suprema Corte respete la cautelar presentada por los caciques peronistas que recurrieron al máximo tribunal para que resuelva su posibilidad de reelección. Al Ejecutivo no le gustó su postura y D'Agostino salió al cruce.

El Gobierno acusó al fiscal de Estado de "trabajar para el justicialismo"

Foto: Unidiversidad

Provincial Unidiversidad Reelección de intendentes / por Unidiversidad / El Sol, Sitio Andino / Publicado el 19 DE FEBRERO 2019

Tras conocerse este lunes el dictamen del fiscal de Estado, Fernando Simón, en referencia al decreto que puso un límite a la reelección de los intendentes y que cuatro jefes comunales del PJ llevaron su reclamo a la Justicia por considerarlo inconstitucional, el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, cargó contra él. "Trabaja para el justicialismo y no para el interés de la institucionalidad de Mendoza", dijo.

Los caciques peronistas presentaron una medida cautelar para que la Suprema Corte defina, antes de resolver la cuestión de fondo, si podrán competir por un nuevo mandato. En este sentido, el dictamen de Simón fue un guiño a la postura del justicialismo. Es que le sugirió al máximo tribunal provincial que respete la cautelar presentada por los intendentes peronistas en cuanto a la posibilidad de su reelección.

“A diferencia del fallo de fondo, en la instancia de resolver la cautelar solicitada, la pregunta a responder no es si esta Corte sostiene o revisa su propio precedente –lo que hará al dictar sentencia–; la cuestión es si la inconstitucionalidad planteada resulta verosímil en tanto el Poder Ejecutivo se erigió en intérprete constitucional al dictar el decreto cuestionado, apartándose del precedente de esa Corte”, sostiene la resolución del fiscal. Además, recuerda: “Desde antigua data, nuestra Corte Nacional, al igual que la doctrina y la jurisprudencia, han sostenido pacíficamente que nuestro sistema de control de constitucionalidad es netamente judicial, siendo por tanto atribución propia del Poder Judicial, y no de los restantes poderes del Estado, interpretar el sentido de las normas constitucionales. Y que la Corte es el intérprete final de nuestra Carta Magna”.

En otras palabras, según detalla una nota de El Sol, Simón asegura que Cornejo se tomó una atribución (promulgar la enmienda del artículo 198 de la Constitución provincial) para la que no está facultado, ya que la interpretación constitucional corresponde al Poder Judicial.

D'Agostino habló en Radio Andina y sostuvo que el fiscal de Estado cambió de posición. "Simón, como senador y miembro informante en 2013, votó a favor de la resolución. La defiendió desde el punto de vista político y jurídico y pidió que promulgue la 198", manifestó.

"Hoy le dice a Cornejo que no puede hacerlo. ¿(El exgobernador Francisco) Pérez si podía reformar y Cornejo no? Vemos que es contradictorio. Está actuando partidariamente, defendiendo los intereses del peronismo", agregó D'Agostino.

Por otra parte, recordó que el dictamen de Fiscalía de Estado no es vinculante. "No tenemos que perder el fondo de la cuestión. Es una oportunidad histórica poder limitar la reelección indefinida de los intendentes. Es sano para la democracia, para el sistema político, y lo pide la ciudadanía", expresó.

A esto se sumó que la semana pasada, el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, presentó un escrito en el que sugirió a los jueces que suspendan las elecciones en los cuatro departamentos que decidieron adelantar: Lavalle, San Rafael, San Martín y Tunuyán.

Ahora, con los dos dictámenes correspondientes emitidos, será el máximo tribunal el que deberá resolver la medida cautelar presentada por el justicialismo, algo que se espera que suceda esta semana.

Es que el reloj corre y así lo señaló la Fiscalía de Estado al considerar que se debe resolver de manera urgente la medida cautelar, ya que el 9 de marzo vence el plazo para la presentación de listas en esos cuatro departamentos –que además decidieron desdoblar sus elecciones de las provinciales– por lo que, si se demora la decisión, luego no habrá marcha atrás.

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