Radiografía de la inflamable denuncia contra Paco Pérez

El 31 de marzo el exgobernador fue imputado por la concesión de áreas petroleras. Qué dijo el abogado denunciante, José Rubio.

Temporada: 1

Provincial Unidiversidad Unidiversidad Noticias / Crónicas empetroladas / por Jorge Fernández Rojas - Fotos: Axel Lloret / Publicado el 03 DE ABRIL 2016

El decreto 1547 que Celso Jaque firmó en 2011 fue el que extendió la concesión de áreas petroleras hasta 2027. Entre los requisitos mínimos para continuar con ese negocio estaba la presentación de un seguro de responsabilidad civil por daño ambiental. “Seguro que Chañares Herrados nunca presentó ni lo renovó, y hoy es motivo de recisión que figura como uno de los hechos que siguió el fiscal (Juan Manuel) Bancalari”, concluyó el abogado José Rubio.

El miércoles 30 de marzo en Unidiversidad Noticias, el noticiero de Señal U, el abogado del fuero localse presentó para contar en qué consiste su denuncia radicada en noviembre de 2014 cuando a Pérez le faltaba un año para terminar su mandato. 

Rubio en la década del 90 fue legislador provincial ganso y es parte de la generación de dirigentes demócratas que renovaron (aunque suene contradictorio) al partido conservador mendocino junto a los ahora experimentados Carlos Balter (actual presidente del PD), Gabriel Llano (aliado de Balter en la interna partidaria) y Gustavo Gutiérrez (actual hombre de confianza de Lilita Carrió). Justamente es Gutiérrez quien apoyó políticamente a Rubio en su demanda contra Pérez y la concesión presuntamente irregular de la petrolera Chañares Herrados.

Tras su desempeño en la función pública, Rubio se alejó de la política partidaria y se dedicó a su profesión. Dentro del Derecho Penal fue especializándose en la problemática ambiental y particularmente en los daños que produce la actividad petrolera. En ese contexto hay que ubicar al estudio judicial del proceso de concesión de las áreas de explotación a la petrolera Chañares Herrados, tema por el cual está imputado el exgobernador Francisco Pérez.

En este caso, Rubio apuntó a la adjudicación de las parcelas ubicadas en la localidad tupungatina de Anchoris. Esas explotaciones ya tenían antecedentes de derrames de agua de producción petrolera en los cauces secos de la zona, donde el suelo es muy permeable, y puso bajo estrés ambiental al acuífero subterráneo de El Carrizal, la mayor reserva de agua dulce de Mendoza.

A propósito, dentro del mismo aludido decreto de Jaque de 2011 se debe tener en cuenta que establecía el año próximo como límite por el que todas las empresas licitatarias de las áreas petroleras extendidas deberán haber remediado el efecto de esas acciones contaminantes históricas. Cuestión que, según Rubio, es difícil que se cumpla, en especial de parte de Chañares Herrados.  

En la entrevista televisiva, el letrado detalló los antecedentes de otros miembros involucrados en el caso, entre ellos Basilio Lapeyrade y Luis Alfredo Zarattini. 

Lapeyrade fue director de YPF en los 70 y llegó allí por su vínculo con Carlos Suárez Mason. Fue investigado “en la causa Olmos y en el incremento de parte de la deuda externa causado por la misma petrolera, es decir, tiene antecedentes no muy favorables, al igual que Zarattini”, explicó Rubio.

Confirmó que Luis Alfredo Zarattini, exdueño de Chañares Herrados, es quien firmó el contrato con Paco Pérez en 2011 sobre la extensión de concesión junto con el yerno de Lapeyrade.

Dato importante de contexto para entender el calibre de la causa son los antecedentes de Zarattini, señalado como histórico integrante de la organización guerrillera de extrema derecha llamada Tacuara. Este grupo extremista fue sindicado como el autor de delitos graves, como el asesinato del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires en 1974. Prats fue un hombre de confianza del presidente trasandino y socialista Salvador Allende. Zarattini también fue apuntado en el asalto al Policlínico Bancario en 1964, de acuerdo con un informe del sitio Plaza de Mayo publicado en 2012, a la vez basado en información dada por medios mendocinos.

Un detalle más actual es la relación que Zarattini parece haber forjado con Walter Vázquez (fue representante de Mendoza en la YPF nacionalizada y ex subsecretario de Hidrocarburos de la Provincia), otro de los imputados de la causa. Vázquez y Zarattini compartieron sociedad comercial; es uno de los datos sobresalientes en los últimos días tras conocerse las imputaciones. Dicho sea de paso, los otros involucrados por Bancalari son Pedro Sánchez (exdirector de Petróleo y ex subsecretario de Hidrocarburos) y Marcos Zandomeni (exministro de Energía de Paco Pérez).

El abogado que concentró parte de la agenda de la semana además puntualizó que hoy la titularidad del 100 % de las acciones de Chañares Herrados pertenece a la empresa Medanito, pero que no obstante la responsabilidad recae en la misma Chañares, aunque ya no tenga dominio sobre el paquete accionario de la firma.

Por último, advirtió que mientras bajaba la producción de petróleo en Chañares Herrados, paralelamente la empresa se había acogido a “un plan de incentivo petróleo plus”, por el que había cobrado 38 millones de dólares sin poner dinero en la Provincia.
 

Qué le dijo Paco a Bancalari

El jueves 31 de marzo Pérez defendió el contenido del decreto que otorgó la concesión petrolera a la empresa Chañares Herrados, por lo que se lo acusa, pero se despegó de la responsabilidad, ya que el decreto que le da validez al contrato con la petrolera lo firmó, obviamente, el gobernador de entonces, Celso Jaque.

Sin señalar a su antecesor, Paco dijo que el proceso de adjudicación de las áreas pasó todos los controles antes de concretar la operación administrativa con consecuencias económicas. Pero ante esa descripción se hizo cargo sólo de haber ratificado con su firma un acta acuerdo que, a la luz de su interpretación, no tiene peso judicial, dado que depende de un decreto gubernamental que, obviamente, él tampoco firmó porque sólo era ministro de Infraestructura.

Pero la sospecha que tiene el exgobernador, y lo deja trascender a través de terceros, es que en realidad detrás de esta denuncia hay un interés empresarial para que las áreas pasen a otras manos. Concretamente, Pérez cree que son Daniel Vila y José Luis Manzano quienes pretenden quedarse con las áreas en cuestión. Para eso se basa en una nota del diario Los Andes que Unidiversidad advirtió el viernes 1.º de abril. Precisamente, el diario centenario tituló: "Ahora Vila quiere el área por la que imputaron a Pérez". Justo el mismo día en que Pérez declaró ante la justicia.

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