“El aborto no es legal; ni hay un derecho al aborto”: es la frase con la que se puede resumir la voz de la Iglesia Católica, expresada en el comunicado dado a conocer el martes 23 de junio a través de la Arquidiócesis de Mendoza y militada en las misas del domingo 28. La discusión, planteada en estos términos, retrotrae a una media docena de años, cuando cientos de católicos reclamaban a la madre de una chica discapacitada, embarazada tras una violación, que no le practicara un aborto. Este hecho obligó al Gobierno a llevarlo adelante en secreto, como si fuera algo “ilegal”.

Nadie desconoce que la práctica no es legal y que faltan años y cientos de discusiones para que se avance sobre el tema, pero al parecer también se intenta frenar el debate por la aplicación de un protocolo elaborado en la Nación para todas las provincias y que ya fue sometido a debate hace años. Lo que se intenta cambiar ahora es el nombre de esa guía.

Concretamente, la denominación variará de “aborto no punible” a “interrupción legal del embarazo”. Está claro que en ambos casos se trata de abortos no punibles, y no de cualquier otra situación. Los grupos ultracatólicos objetan, además, que no se exija la denuncia cuando el aborto se practique para interrumpir un embarazo producto de una violación. Argumentan que el Protocolo elimina la mirada de la persona por nacer, ignorando la responsabilidad del violador y favoreciendo el encubrimiento de un delito gravísimo.

En realidad, el cambio introducido en la guía establece que a la mujer se le pida una declaración jurada en vez de exigírsele una denuncia, en un intento, tal vez, de evitar otro duro golpe sobre esa mujer que, además de ser violada, debe estar horas en una fiscalía para relatar el momento que vivió.

La dejaron sola

Lejos de términos y diferencias entre católicos y no católicos –que de seguro incitarán al debate–, la política tenía una nueva oportunidad de zanjar diferencias y, para variar, no lo hizo. Es que la Legislatura, que debía aprobar esta guía, que está en discusión desde 2009 y ha llevado a que Mendoza no esté entre las ocho jurisdicciones que cumplen con la reglamentación nacional, desnudó otra vez que el debate político es mezquino y retrotrae.

Este martes 30, la legisladora del FIT y excandidata a gobernadora, Noelia Barbeito, elevó un pedido de resolución para que Mendoza cumpla efectivamente con la guía técnica para la interrupción legal del embarazo. De 38 senadores que hay en esa cámara, quedaron en el recinto sólo 10. La gran mayoría se levantó de su banca, haciendo caer el debate. Así, más de uno se cobró años de abstenciones de la citada legisladora. Cabe aclarar que Barbeito ha practicado la abstención casi como un deporte. Es que cuando se trataban leyes claves para la provincia, a pesar de que le pedían que su voto fuese afirmativo o negativo, ella decidía practicarlo de nuevo –insisto– casi como un deporte.

Pero, además, el pase de factura a la legisladora estaba cantado tras su faltazo a la sesión de la semana anterior para aprobar los pliegos de 16 jueces para la Provincia. En estas sesiones, la abstención “no vale” y tal vez por eso, la legisladora decidió faltar. Visto así, desde la estrategia política, lo de Barbeito inevitablemente iba a suceder.

Los legisladores que estaban sentados el martes decidieron girar el tema a tres comisiones. Sin embargo, aseguran que con una ley se acabaría el debate. Un futuro difícil de aventurar, teniendo en cuenta que no se aprueba ni siquiera la intención.
 

Nueva administración

El nuevo gobernador, Alfredo Cornejo, ya se expresó sobre el asunto. Antes de su elección sostuvo que, de convertirse en el primer mandatario, aplicará el protocolo para la realización de abortos no punibles. En unos meses se podrá evaluar si el radical resiste el archivo o sucumbe a la presión social de grupos ultracatólicos, que de seguro prepararán el embate.

En el medio de tanta apetencia política y deseos de no avanzar, cientos de mujeres no se animan a reclamar por temor a la condena social o, lo que es más grave, mueren como consecuencia de prácticas mal realizadas, algunas de ellas en salas VIP de clínicas privadas de la provincia. Según datos oficiales, las muertes por abortos en la Argentina, que en 2012 habían registrado una reducción récord, al menos en las estadísticas oficiales, se incrementaron en un 51,5 por ciento en 2014 y se sabe que unas 50 mujeres mueren por año como consecuencia de estas prácticas. Algunos datos para no abstenerse.