La respuesta a este interrogante se inscribe dentro de las estrategias de desarrollo sostenible propuestas en los seminarios, talleres, encuentros de GEO Ciudades impulsados por UN-HABITAT y PNUMA y de otras instituciones preocupadas por el cambio climático y sus impactos en los asentamientos humanos y en los ecosistemas.   

Las tendencias que marcarán la agenda futura se vinculan con la escasez y el deterioro de los recursos naturales, los conflictos asociados con la falta de agua, la tensión entre desarrollo económico y pobreza, la vulnerabilidad y el riesgo de asentamientos humanos debido a que el aumento de la temperatura afectará a las viviendas, la habitabilidad de las ciudades y la seguridad de las personas.

En el caso de Mendoza, el cambio climático, tal como lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, repercutirá especialmente en los oasis, verdaderos polos económicos que representan sólo el 3 % de la superficie total, en donde la ocupación es intensiva por el elevado valor de la tierra y por el hecho de que el 95 % de la población se concentra en las proximidades de las hectáreas bajo riego. Dentro de los oasis, el área metropolitana y otras ciudades serán las que sufrirán los mayores impactos por ser espacios de mayor concentración poblacional, pero a la vez de mayor expansión urbana.

Este fenómeno, motivado por condicionantes del mercado inmobiliario y menor intervención del Estado en la producción de la ciudad, lleva a ocupar espacios intersticiales con serias limitantes naturales para el asentamiento humano, de gran “fragilidad natural”, debido a la presencia de fallas sísmicas, pendientes pronunciadas, zonas de riesgos de erosión, aluvionales, entre otros, además de avanzar hacia tierras fértiles, que son ocupadas o podrían ser ocupadas para el desarrollo agrícola o forestal, y en donde la presencia de una fuerte presión especulativa termina por provocar el avance urbano.

Frente a esta realidad, resulta imperioso planificar y tomar decisiones que frenen los procesos negativos y que potencien los positivos. 

El ordenamiento territorial, como forma de planificación y gestión pero también como política de Estado, se convierte, entonces, en un instrumento necesario para minimizar la incertidumbre frente al cambio climático. Así lo comprendió la Unión Europea con la definición de la Estrategia de Ordenamiento Territorial y la mayoría de los países latinoamericanos en los que el ordenamiento territorial pasa a tener carácter constitucional.   

Una oportunidad para Mendoza es la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo del año 2009 (Ley 8051) a través de la aprobación y puesta en marcha del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Pero para que realmente se logren cambios estructurales que ayuden a enfrentar el cambio climático, los especialistas de la UNCUYO y el Conicet proponen una nueva manera de gestionar el territorio.

El propósito es que las políticas, los programas y los proyectos se realicen de manera más coordinada, prestando atención especial a las identificación de zonas según la aptitud del suelo para diferentes usos y la capacidad de carga de los ecosistemas, como también delimitando áreas prioritarias de intervención, previendo y controlando la expansión urbana y la de los oasis. La forma de organización del territorio de Mendoza fue planificada, como también lo fue la ciudad luego de un sismo que la destruyó. Es el momento de volver a hacerlo frente al futuro incierto que plantea el cambio climático.