La vicegobernadora afirmó que las provincias necesitan revisar protocolos, ya que “cuando las mujeres son víctimas de violencia, no saben por dónde empezar”, asumiendo que “lo que no tenía la ley era presupuesto y, justamente, buena parte de ese presupuesto era para crear refugios, es decir, para fortalecer las acciones provinciales”. Los dichos de la número dos del Ejecutivo provincial se escucharon en la apertura del curso de posgrado “Violencia de género. Alcance de la protección jurídica actual y buenas prácticas en intervención”, que se realizó el 15 de septiembre en la Facultad de Derecho de la UNCUYO.

Montero aprovechó la ocasión para puntualizar que la Ley es transformadora al aportar una visión más “protectiva” sobre la violencia de género, pero también para remarcar que los avances aún no han sido puestos en práctica de forma plena ya que requieren un “cambio cultural” y la migración de un modelo patriarcal a un modelo de la equidad. También expresó que los recursos destinados a la puesta en práctica de dichas acciones ordenadas por la ley asignan montos específicos para alquileres y gastos de mantención que, según Montero, se articularían a través de Desarrollo Social.

Con gran seguridad, la vicegobernadora dijo que la Ley 26485 de Protección Integral a la Mujeres “ya es un derecho, ya se ha sentado jurisprudencia, ya se ha avanzado y Mendoza debería avanzar”.