La hora de los invisibles

El decreto que establece la puesta en funciones del Procurador de las personas privadas de su libertad fue firmado recientemente por el gobernador Francisco Pérez. A la espera de la notificación que le permita asumir su cargo, Fabricio Imparado expone los ejes de lo que será la primera gestión provincial en defensa de los derechos humanos de presos, detenidos en comisarías e internos de psiquiátricos, instituciones de niños y adolescentes, y geriátricos.

La hora de los invisibles

Fotos: Web

Sociedad Unidiversidad por Penélope Moro y Mariana Olguín / Publicado el 18 DE JULIO 2013

La puesta en funciones del Procurador lleva dos años de espera. Ya sorteadas las instancias legislativas de su nombramiento, Imparado aguarda la inminente notificación del decreto que lo habilita a asumir su cargo. “Será la entrada en funciones de manera formal”, explica, pues desde que conoció su designación inició la tarea que servirá de puente para que los internos en instituciones de encierro – tanto del ámbito público como privado – transmitan sus denuncias y reclamos por las condiciones de vida a que se los somete durante sus reclusiones o internaciones, según corresponda. Situaciones de tortura, vejaciones, desamparo que en la provincia no son novedad.

Se trata de un cargo de significativa importancia en Mendoza, si se tiene en cuenta su fatídica historia penitenciaria, como también los lamentables antecedentes de hacinamientos y tratos vejatorios en el hospital neuropsiquiátrico El Sauce y en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), más conocido como el "ex-Cose".

Fue en 2011 cuando la Legislatura provincial sancionó la Ley 8284, que promueve esa figura a través de la creación de la Comisión contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes. Norma que surgió en pleno proceso de acuerdos amistosos entre el Estado argentino y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar respuesta a la crisis carcelaria de Mendoza, que a partir del año 2000 exigió la intervención del organismo internacional. (ver La figura de un procurador penitenciario)




De ese contexto nació la ley que habilita a un Procurador a velar por la integridad y los derechos humanos de las personas que viven intramuros. Función que se concretará a través de tareas de control, relevamiento de demandas, como así también en la elaboración de un informe anual que dé cuenta hacia el ámbito legislativo de las condiciones que deparan para sus internos e internas los lugares de encierro de Mendoza. Un cargo que durará cinco años y que podrá ser reelecto por única vez.

Si bien la Ley 8284 data del 2011, el nombramiento del funcionario a cargo sufrió dilaciones que podrían haber evitado una seguidilla de situaciones de vulneración de derechos y represión ocurridas en la penitenciaría provincial y en el sistema de responsabilidad penal juvenil durante 2012. Es decir, el año pasado ya se contaba con el mecanismo preventivo pero persistía inaplicable por trabas burocráticas. (ver A la encarnizada espera de Godot)

Aún así, Imparado entiende que las demoras del proceso de selección y, más tarde, de su nombramiento –una vez notificado de la firma del decreto oficial, deberá esperar 30 días para sumir su cargo–, ha sido un tiempo que invirtió en la creación de proyectos y en el armado del organigrama que guiará su gestión. 



La creación de la Comisión y del cargo de Procurador deberían haber sido temas urgentes en Mendoza. ¿Por qué cree que surgen sobre los hechos y no antes? ¿Piensa que verdaderamente se lo ha tratado con la prioridad que merece?

Es parte del ser argentino, reaccionamos cuando se nos está prendiendo fuego la cocina. Imaginate que el acta acuerdo que hace Argentina con la CIDH es del 28 de agosto de 2007 y la ley sale publicada en el boletín oficial el 16 de mayo de 2011. Pasaron casi dos años para que se concretara el concurso de selección y luego las formalidades para que se llegara al nombramiento. Son temas que no son propios de la agenda política, y tienen su complejidad. Los tiempos no han sido los óptimos, pero hoy por hoy tenemos la ventaja de que la Ley 8284, por la cual se crea la Comisión de Prevención, se haya aprobado por unanimidad en el ámbito de la Legislatura y que mi pliego haya pasado con muy pocas bolillas negras. Son datos importantes, necesarios para garantizar nuestro funcionamiento.

La ley establece la existencia de un procurador adjunto. ¿Cuál es su importancia? ¿Se sabe quién ocupará ese cargo?

Claro, la ley lo contempla pero primero hay que justificar la necesidad de su existencia y a eso se llega en base a la experiencia. El organismo es una comisión donde adentro está el procurador de  personas privadas de la libertad y un Comité de Prevención de la Tortura formado por doce representantes de organizaciones no gubernamentales. Ellos tienen la experiencia porque vienen trabajando mucho con las violaciones a los derechos humanos de los internos en penales. Ese Comité está actualmente en formación, el primer acto formal que realizaré será convocar a las ONG para su armado definitivo.

Hasta ahora las ONG vienen actuando sobre lo ya sucedido. ¿Cómo trabajarán dentro del Comité?

Lo innovador es que este mecanismo se establece a través de un protocolo facultativo que sale de la Convención. Ese protocolo instituye un sistema de visitas a las instituciones, siempre con un ánimo preventivo. Por supuesto que las ONG tienen su actividad propia, pero a partir de la creación del Comité, participarán y colaborarán en esa tarea de prevención mediante las visitas que se realizarán en los lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad.

La intervención de las ONG es fundamental. Siempre se mantendrán al margen de nuestro organismo que, si bien es autárquico e independiente, lo mismo sigue siendo parte del Estado de alguna forma. Lo que harán es acompañamiento, hay que evitar que queden inmersas adentro de toda la estructura. Por su experiencia, conocen perfectamente el mecanismo y saben cómo actuar para no quedar institucionalizadas.

En este sentido, ¿cuál es la importancia de que la figura del Procurador se constituya de manera independiente a los poderes del Estado?

Fijate que la importancia que tiene este sistema de visitas periódicas es sobre los organismos del propio Estado. Si dependiéramos de uno de ellos, sería muy complicado hacer la tarea de control y supervisión sin tener algún tipo de presión. Acá están involucrados el Ministerio de Gobierno y de Justicia a través de las penitenciarías, el Ministerio de Seguridad mediante las comisarías, el Ministerio de Salud por los centros psiquiátricos y el Ministerio de Desarrollo Social sobre el ex Cose. Por eso se hace central la independencia.

Respecto de las tareas de control, se entiende que una de las principales facultades que tendrá la Comisión será la de realizar las visitas a las instituciones sin previo aviso.

Seguro. Justamente, la actividad de la visita sin previo aviso es lo que se creó desde el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y es el mecanismo que le da origen a este sistema de trabajo, la prevención a través de este sistema de visitas.

Ya estamos haciendo visitas. Hace poco realicé una porque vinieron representantes de la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Nación que comandan Abel Córdoba y Roberto Cipriano. Estuvimos en el penal de Boulogne Sur Mer y en San Felipe. Es difícil imaginarse lo que se vive allá adentro, por eso la idea es empezar cambiar de a poco esas situaciones, tratar de acercar la realidad de las cárceles y de los lugares de encierro a los estándares internacionales que existen y hay muchos.

Los horizontes están marcados y sabemos hacia dónde hay que ir. Para ilustrar: el tamaño que debe tener una celda, la iluminación, la alimentación, las medidas de higiene. Son temas que ya están establecidos internacionalmente a través de acuerdos donde se dice cómo deben ser las cosas, y que sin embargo son incumplidos de manera sistemática.

¿Ustedes serán quienes directamente recojan las denuncias de los internos?


Exactamente, y principalmente de las familias de las personas privadas de su libertad. Los casos como las torturas, no los vemos físicamente cuando realizamos las visitas, por ejemplo. Acá cumplen un lugar destacado los familiares, porque ellos son quienes realizan las demandas. Se necesita brindar confianza a las familias y a los internos para que puedan creer en nuestro trabajo, hacer entender que quizá la trasformación sea lenta. La familia será nuestra principal fuente de denuncias.

¿Cómo se llegaría al contacto con la familia?


Aun no lo tenemos fijado pero tendremos una línea directa. La Procuración de Buenos Aires trabaja fuertemente con un 0-800 gratuito a través de publicidad masiva. En el interior de las cárceles hay teléfonos públicos donde los internos pueden efectuar las denuncias a la Comisión. El mecanismo en Mendoza seguramente será el mismo.

¿Cuáles son los aspectos más críticos y urgentes de esta problemática en la provincia?

Los más urgentes son las personas que están privadas de libertad y, a la vez, alojadas en instituciones psiquiátricas como El Sauce. En la cárcel de mujeres también hay situaciones que urgen y la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil requiere intervención inmediata, aunque allí ya se está trabajando firmemente para avanzar en mejoras.

Otro aspecto crítico lo conforman los lugares de aislamiento dentro de los mismos penales, estamos trabajando justamente en un protocolo para abordar esos casos. Allí se encuentran las personas más vulneradas dentro de todos los vulnerados. Son personas que prácticamente no tienen derechos en las condiciones de vida a las que se encuentran sometidos y no hay una disposición que ordene la forma en que se tenga que efectuar este aislamiento. Una vez concluido el protocolo, realizaremos una serie de visitas para controlar la realidad de los aislamientos.



Desde lo personal, ¿qué te significa asumir esta gestión, teniendo en cuenta los antecedentes de violación a los derechos humanos que porta la penitenciaría provincial?


Tenemos una provincia con la peor de las famas a nivel internacional en este tema. Por supuesto que los grandes desafíos están en las tareas de formación sobre el personal de contacto. La Ley 8284 ha contemplado esto, es una de las condiciones fundamentales acerca del trabajo de los penitenciarios. No será tarea fácil, pero por lo menos, en el corto plazo, pensamos que hay que lograr una línea directriz de ideas en todos los ámbitos para que los distintos sectores entiendan que la tortura no debe ser permitida bajo ningún modo. Parece una obviedad pero no lo es.

La tortura está bien vista por una sociedad cargada de un sentido común que señala que el castigo no es la privación ambulatoria de la libertad, sino además el padecimiento de las condiciones que se sobreviven allí adentro. ¿Cómo cree que incidirá esta mirada instalada en la sociedad sobre su gestión?


El comentario común de que los presos pretenden vivir en un hotel es aberrante. La visibilización de esos problemas será la herramienta que tendremos para combatir este tipo de miradas. Cuando se conoce la realidad de allí adentro y los efectos que tiene sobre las personas, esa concepción debe variar, porque cuando nosotros como Estado privamos a una persona de su libertad con el fin de evitar que comenta nuevos delitos y esa persona tiene sus derechos humanos violentados, nunca se llega al objetivo. Al contrario, se agrava.

Hay que mostrar esa realidad. El muro no está siendo atravesado por la mirada social. Entonces la idea es que sea al revés: de adentro hacia afuera, mostrar cómo viven los presos, los enfermos, para transformar mentalidades.

En las visitas mismas comprobamos cómo, hacia el interior de los internos, se naturaliza la vejación de sus derechos. Porque no todo es tortura en el sentido literal de la palabra, sino que hay malos tratos, condiciones inhumanas de detención que han sido completamente naturalizadas por los presos. Incluso por el mismo personal penitenciario.

¿Existe una Comisión contra la Tortura como la que tendrá Mendoza en otras provincias?


La que está institucionalizada fuertemente es la Procuraduría Penitenciaria de la Nación que trabaja hace 20 años. Se creó antes, incluso, del protocolo facultativo, esa es la principal referencia y tiene delegaciones en todo lugar donde exista una cárcel con competencia federal. En las provincias del norte hay mecanismos similares al de acá. El de Mendoza es el más amplio, al cubrir situaciones que no sean solo sobre delitos. Mendoza sería el segundo caso institucionalizado que cumple con la normativa.

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