El Ministerio Público Fiscal (MPF) rechazó el pedido de inconstitucionalidad para el decreto 563/20 del Poder Ejecutivo provincial, que regula circulación en espacios públicos de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ese pedido fue presentado por un grupo de abogados, para quienes el gobernador Rodolfo Suarez se “ha excedido la delegación brindada” por el decreto presidencial que reguló actividades, como una de las formas de prevención contra la propagación de la COVID-19.

Los letrados apuntaron a la medida del Ejecutivo provincial que ordenó las salidas de los ciudadanos por días y por número de DNI. En este punto, denunciaron que Suarez “ha limitado aún más la ya fuerte limitación que traían las normas nacionales respecto de la libertad ambulatoria”. 

Con un dictamen no vinculante, la Fiscalía Civil N.°1 del MPF desestimó la denuncia este lunes. Sin embargo, la última palabra la tiene la magistrada Marcela Ruiz que, según fuentes oficiales, la dará a conocer en los próximos días.

"Quienes presentaron el amparo no argumentan ni prueban de qué manera la norma impugnada les ha producido un perjuicio concreto", señala el dictamen del MPF. Además, establece que el Poder Ejecutivo provincial "actuó dentro de las facultades y competencias que tiene, máxime en una situación de excepción como lo es la emergencia sanitaria que vive la provincia y el país". Finalmente, establece que, dentro del federalismo que existe en Argentina, "es potestad de la provincia dictaminar sus propias reglas, en tanto no interfieren en el objeto nacional, sino que precisamente lo garantizan".