Se esperan resultados "alarmantes" de la auditoría que encargó el Gobierno

Hoy se sabrá qué encontraron los miembros de la Auditoría General de la Nación cuando revisaron las cuentas públicas de la administración central de la provincia, organismos descentralizados y cuatro municipios. En Guaymallén, la deuda asciende a 200 millones de pesos.

Se esperan resultados "alarmantes" de la auditoría que encargó el Gobierno

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Publicado el 11 DE ENERO DE 2016

Desde el 6 de octubre del 2015 que se está anunciando. Hoy por fin se darán a conocer los resultados de la auditoría de las cuentas públicas que se realizó en Mendoza, a mediados de diciembre, apenas asumió Alfredo Cornejo la gobernación. El pedido lo realizó la vicegobernadora, Laura Montero, al titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy.

Sin embargo, ya trascendió un dato que surgió de pasar la lupa por las cuentas públicas de uno de los departamentos más cuestionados de la administración peronista: Guaymallén. En esta comuna se comprobaron los datos que su intendente, Marcelino Iglesias, difundió antes de asumir el cargo: el pasivo del municipio llega a 200 millones de pesos.

Cuando se realizó el corte, la deuda municipal ascendía a los 182 millones de pesos, pero en la actualidad, estiman que debe haber llegado a la cifra mencionada.

Esta es sólo la punta del iceberg. Falta aún saber que se encontró en Las Heras y en las arcas del gobierno provincial, tal y como las dejó la gestión de Francisco Pérez. Los datos podrían resultar alarmantes, aseguran desde el Senado de la provincia.

 

Bajo la lupa

Las áreas que se auscultaron fueron las de administración central y organismos descentralizados del gobierno (OSEP, Juegos y Casinos, Iscamen, entre otras) además de los departamentos de Guaymallén, Las Heras, Malargüe y General Alvear, ya que sus intendentes así lo pidieron (el gobierno provincial no puedo pasar por sobre la autoridad municipal en este sentido).

Se revisó el estado de la deuda flotante, la existencia de deuda no registrada (la conocida como “deuda pinche”) y el pasivo generado por no cancelar las cuentas de los proveedores del Estado.

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