Tras duros cruces, se cayó la designación del Defensor de Discapacidad

Debía resolverse en Asamblea Legislativa, pero no hubo acuerdo. La votación arrojó un empate entre el candidato propuesto por la oposición y el actual defensor, identificado con el oficialismo. Por ahora, seguirá este último.

Tras duros cruces, se cayó la designación del Defensor de Discapacidad

Foto: Prensa Diputados

Provincial Unidiversidad por Unidiversidad / Publicado el 13 DE MARZO 2019

En una Asamblea Legislativa, en la que participaron las dos Cámaras, el ánimo caldeado, cargado de acusaciones cruzadas, provocó que la designación del Defensor de las Personas con Discapacidad quedara en stand by.

Los postulantes necesitaban dos tercios de los votos (56) y este miércoles, los integrantes de las dos cámaras no pudieron definir el conflicto: hubo 42 adhesiones para el sociólogo Juan Carlos González, el preferido del oficialismo, y la misma cantidad para el contador Germán Ejarque, el que pregonó la oposición. De esta forma, González, quien es el actual defensor, seguirá en su cargo hasta que se realice una nueva asamblea legislativa (aún sin fecha) y se vuelva a votar.

Lo que podría haber sido un trámite legislativo más se transformó en un escándalo político. Todo comenzó en diciembre, cuando las Comisiones de Asuntos Sociales del Senado y la de Desarrollo Social de Diputados anunciaron por orden de mérito a Germán Ejarque; Andrea Mohammad; Juan Carlos González; Alejandro Ontiveros y José Luis Beccaría, los cinco postulantes que estuvieron en consideración. En ese ránking se evaluaron los antecedentes de cada uno y qué tan aptos estaban para el puesto, y se los calificó con un puntaje de 0 a 100.

La previa de la Asamblea establecida para este miércoles 13 estuvo cargada de declaraciones cruzadas entre los partidarios de González y los de Ejarque, los dos con mayores chances. Es que el primero tiene vinculaciones con la Unión Cívica Radical (UCR), mientras que el contador es militante del peronismo. El punto de conflicto estuvo puesto en la interpretación del Artículo 4 de la Ley 8.510, que dice que los cinco postulantes finales quedarán a consideración de la Asamblea Legislativa, sin hacer mención a la orden de mérito.

Los embates entre referentes oficialistas y opositores, antes y durante la sesión, tuvieron como punto de conflicto el criterio para la selección: los legisladores de Cambia Mendoza pregonaron la “soberanía” de la Asamblea Legislativa para votar a cualquier postulante, y los del PJ defendieron el orden de mérito que había sido establecido.

Según el radicalismo, lo que correspondía era que cada diputado y senador votara a conciencia a cualquiera de las cinco personas postuladas, amparándose en que la ley no establece que Ejarque (primero en la orden de mérito) tenía preferencia. Para el justicialismo, lo más sensato era respetar el orden de mérito y acusó al oficialismo de votar a González para “poner un amigo” en la Defensoría.

En la sesión se dio lo que se esperaba: cada fuerza respaldó a su candidato y nada está definido. El ciclo de González (de cinco años, según la ley) se cumplió en mayo del año pasado, pero seguirá hasta que alguno de los postulantes sea elegido por los legisladores.

Cuyo es la región con mayor porcentaje de discapacidad

Según datos extraídos del primer informe sobre personas con discapacidad que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región cuyana supera la media nacional.

“Lamentamos que el PJ haya partidizado una discusión que merecía una elección menos mezquina", acusó el diputado César Biffi (UCR) en una conferencia de prensa posterior a la asamblea.

Luis Böhm (PJ), senador al frente de la comisión de Asuntos Sociales y Trabajo, criticó al Gobierno por aplicar “meritocracia para algunos espacios, pero para otros no”, y remarcó que por una cuestión de legitimidad y respeto a las instituciones, debió elegirse a Ejarque, primero en el orden de mérito.

El rol del defensor

De acuerdo a la normativa vigente, el defensor debe defender y proteger los intereses y derechos de las personas en situación de discapacidad "frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, de prestadores de servicios públicos, de entidades financieras y de las personas físicas o jurídicas que generen conflictos con ellas”.

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