A casi un año de su sanción, la aplicación de la Ley IVE tiene trabas institucionales

Sofía Wiinkhaus, politóloga y asesora en la Cámara de Diputados de Mendoza, hizo hincapié en las dificultades que encuentran las mujeres a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo. También analizó los obstáculos que existen alrededor de la ESI.

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Publicado el 14 DE DICIEMBRE DE 2021

En una nueva edición de #ChatPolítico, Sofía Wiinkhaus, politóloga y asesora en la Cámara de Diputados de Mendoza, analizó cómo se aplica la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a casi un año de su sanción en el país, hizo un balance de la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y se refirió a los principales temas que se vieron trastocados por la llegada de la pandemia.

En primer lugar, Sofía Wiinkhaus celebró la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aunque remarcó que su aplicación muchas veces no se produce como corresponde. “Creo que con la promulgación de esta ley se avanzó mucho. Sin embargo, a casi un año, cuesta mucho que algunos profesionales de la salud que tienen una postura muy cerrada sobre la posibilidad de acceso a los derechos de las mujeres puedan ser consecuentes con esta ley. Si bien los derechos están plasmados y hay una ley que ratifica que las mujeres y niñas pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, muchas veces cuando van a los hospitales o centros de salud, se encuentran con una negativa. No hay objeción de conciencia institucional porque es un derecho personalísimo. Muchas veces se niegan a facilitar hasta un turno médico”, detalló.

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Wiinkhaus explicó la situación en la provincia: “En Mendoza, por suerte, tenemos un sistema muy aceitado. El Programa de Salud Sexual y Reproductiva está haciendo las derivaciones correspondientes. De hecho, todas las mujeres y niñas que quieran acceder pueden comunicarse a la línea nacional, que tiene un sistema de georreferenciación que deriva a la paciente al centro de salud más cercano que tenga esa persona para poder iniciar el proceso. Como el plazo legal es de 14 semanas, cada minuto cuenta”.

Sin embargo, la politóloga remarcó que esta situación no significa que no existan casos de discriminación y violencia en la provincia sobre la aplicación de la IVE, sino que estas situaciones “no se han hecho públicas”. “Conozco el relato de personas y compañeras que han querido acceder y han encontrado malos tratos, cuestionamientos e insultos. De por sí, elegir una interrupción voluntaria del embarazo es un proceso muy complicado que en el imaginario no se toma en cuenta. ¿Cuántas veces hemos escuchado: ‘Si te gusta el durazno, aguantate la pelusa’ o ‘No hubieras abierto las piernas”, y demás frases sumamente agresivas sobre una persona que está una situación de vulnerabilidad emocional?”, profundizó la asesora en la Cámara de Diputados de Mendoza.

Sofía Wiinkhaus hizo un balance y enumeró los desafíos de la Ley de Educación Sexual Integral. “Creo que falta bastante todavía. Si bien la ley fue promulgada en el 2006, desde esa fecha hasta el momento, hemos encontrado muchas falencias en cuanto a su aplicación. Por un lado, en cuanto a las posibilidades que tienen los profesores para adecuar el contenido, y por otro, en cuanto a la formación docente”.