Agua subterránea: clave frente a la crisis

El director de la maestría en Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO, Armando Llop, analizó la situación de Mendoza frente a los cinco años de emergencia hídrica. Dijo que lo más efectivo era hacer un uso conjunto de las aguas superficiales y de las subterráneas.

Agua subterránea: clave frente a la crisis

Pozo de agua en Colonia Segovia, Guaymallen.

Especiales

Verónica Gordillo - Foto:Archivo/ Axel Lloret

Publicado el 21 DE DICIEMBRE DE 2014

El director del Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (CELA), Armando Llop, aseguró que frente a los cinco años de emergencia hídrica, lo óptimo sería realizar un uso conjunto y efectivo de las aguas superficiales y de las subterráneas, ya que estas últimas representaban miles de hectómetros cúbicos disponibles para ser utilizados en tiempos de sequía.

Llop, quien es el director de la maestría en Gestión Integral de los Recursos Hídricos que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO, describió como pobre el trabajo que el Departamento General de Irrigación (DGI) hizo en los últimos 30 años respecto de las aguas subterráneas, pese a que por ley tenía la suma del poder de policía sobre estos recursos estratégicos.

El economista analizó la situación de Mendoza, que por quinto año consecutivo anunció la emergencia hídrica. Dijo que era necesario superar el manejo sectorial del recurso para pasar a uno integral, en el que tuvieran voz todos los actores y los usuarios del sistema.

En base a este concepto es que se formó la Red Integral para la Gestión del Agua (RIGA) en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO, con la intención de analizar el tema desde distintas disciplinas y en la que confluyeron instituciones, usuarios, funcionarios y legisladores, con el objetivo de realizar aportes para lograr la gestión integral del recurso hídrico.


Otro año en emergencia

En octubre, las autoridades del Departamento General de Irrigación (DGI) anunciaron el pronóstico de Agua 2014-2015, que determinó que los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Malargüe ingresarían en el quinto año consecutivo de emergencia hídrica, mientras que para el río Atuel sería el sexto año.

La razón para determinar un nuevo año de emergencia es que los ríos de Mendoza transportarán un volumen de agua que no superará la media histórica, debido a las escasas nevadas caídas hasta diciembre de este año.

Irrigación determinó que el año hidrológico variaría entre la consideración de seco y pobre, ubicando en la primera categoría a los ríos cuyos valores de derrame estuvieran por debajo del 65 por ciento del valor promedio histórico y, en la segunda, a los que registraran entre 65 y 85 por ciento por debajo de la media histórica. 

Teniendo en cuenta estas variaciones, que se evalúan con base en la cantidad de nieve caída y el pronóstico de escurrimiento hídrico, los ríos Mendoza, Diamante, Malargüe y Grande están dentro de la categoría “seco”, mientras que el Tunuyán y el Atuel quedaron englobados dentro de la “pobre”.

Frente a esta realidad, el director del CELA que depende del Instituto Nacional del Agua (INA)– señaló que la comunidad estaba poco preparada para transitar eventos naturales extremos, como estos cinco años continuados de emergencia hídrica, y que no existían mecanismos programados acerca de cómo manejar la situación. Por eso, dijo que era necesario buscar formas de organización socio-institucional que permitieran contar con planes de contingencia aplicables de manera pronta y eficaz ante estas situaciones.

El ingeniero agrónomo consideró que para analizar esta situación era necesario considerar las consecuencias del cambio climático y la variabilidad en el derrame de los ríos, un aspecto que consideró grave, teniendo en cuenta que era muy difícil de pronosticar, justamente por las actuales circunstancias de cambio climático.

Llop recalcó que las investigaciones que dio a conocer el director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Ricardo Villalba, indicaron que habría una reducción en el derrame de los ríos, pues se preveían mayores precipitaciones en el llano y menos acumulación de nieve en la montaña.


Agua superficial más subterránea

El economista recordó que Mendoza tiene antecedentes de grandes sequías, como la que ocurrió durante el período 1968-1973, ocasión en que se recurrió al uso del agua subterránea. Señaló que este recurso era el mejor instrumento con que contábamos para paliar la crisis hídrica.

Llop consideró que sería ideal lograr un efectivo uso conjunto del agua superficial (se encuentra sobre la superficie del suelo) y subterránea (se aloja en los acuíferos debajo de la superficie), considerando que la última representaba muchos miles de hectómetros cúbicos de agua, cuyos niveles se recuperarían cuando hubiera precipitaciones abundantes.  

Pese a la posibilidad de utilizar este instrumento frente a la crisis, Llop consideró que existía una gran deuda en el manejo del agua subterránea, ya que se podía medir la cantidad de líquido que ingresaba al sistema pero no la que se sacaba a través del bombeo. Dijo que si no se medían las extracciones, el sistema subterráneo no se podía controlar y tarde o temprano se generalizaría la sobreexplotación.

Llop criticó la actuación del Departamento General de Irrigación (DGI) en el tema del agua subterránea, ya que consideró que era poco lo que había hecho al respecto en los últimos 30 años, pese a que tenía la suma del poder de policía sobre este recurso, por una ley de 1974. “La inercia de su perfil orientado a la gestión del agua superficial es superlativa”, señaló.

El director del Cela hizo una descripción de la situación del sistema de aguas subterráneas. Comentó que entre 1967 y 1972 se estableció casi el 50 por ciento de los 19 mil pozos hoy existentes, debido a los altos precios e ingresos al sector agrícola, fuertes desgravaciones impositivas y el ciclo seco más severo del siglo. 

Llop explicó que hasta 1973 el uso del recurso, a pesar de ser bien público, fue tratado como privado. Ese año, señaló, por ley provincial se asignó a Irrigación el poder de policía sobre el agua subterránea, pero recalcó que sólo en el pasado reciente el organismo comenzó a realizar un efectivo esfuerzo por manejar el recurso. 

Respecto de la situación en las cuencas, Llop comentó que la Sur hacía escaso uso de la fuente subterránea, mientras la Centro presentaba un gran potencial en cuanto a disponibilidad y calidad de agua subterránea, un ambiente agroecológico y recreativo de excelente calidad y estudios hidrogeológicos avanzados, y los procesos de degradación o contaminación eran incipientes. Pese a esto, consideró que la prevención estaba bien encaminada por las instituciones de la Cuenca.

Llop consideró que la Cuenca Norte, formada por los ríos Mendoza y Tunuyán Inferior, es la más desarrollada y la que presentaba los problemas de mayor envergadura. Subrayó que, de los 19 mil pozos registrados en la provincia, 75 por ciento estaban en esta cuenca.

El economista aportó más información: 27 por ciento del agua potable es de origen subterráneo, es la única fuente de agua potable al Este del río Mendoza y es la principal fuente de uso industrial. 

Llop también describió los principales problemas hidrogeológicos que afectaban a la cuenca Norte: la salinización del nivel medio e iniciación de este proceso en el nivel inferior del acuífero en la zona Este; el revenimiento generalizado en la parte baja de la cuenca del río Mendoza y Tunuyán Inferior; la sobreexplotación del acuífero en la margen derecha del Río Mendoza, y la contaminación petrolera. En relación con este último problema, recalcó, hay profundos conflictos entre las partes que no encuentran caminos para lograr inicios de resolución.

El economista también comentó que existían numerosos problemas de impactos ambientales desde los municipios aguas arriba a los que estaban aguas abajo. Consideró que el tratamiento de este tema no se encauzaba por falta de coordinación institucional entre las partes involucradas, como también por la notoria falta de operadores de procesos de mediación para la resolución de conflictos.

Fuente: Edición UNCUYO

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