Amplían ante la ONU denuncia contra Macri por espionaje ilegal a detenidos
En su paso por Radio U, el abogado Alejandro Rúa afirmó que durante el gobierno de Cambiemos se certificó la existencia de maniobras de espionaje ilegal a personas detenidas y a sus abogados.
Foto: Télam
El abogado argentino Alejandro Rúa informó días atrás a medios locales la ampliación de la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri ante Naciones Unidas (ONU), ya que, según él, durante su Gobierno se certificó la existencia de maniobras de espionaje ilegal en innumerables llamados entre personas detenidas y sus abogados, y, por ese motivo, se realizó una la ampliación de su denuncia ante la ONU. En diálogo con Radio U, el letrado habló de la causa y de lo que implica su ampliación.
“Esto se trata de una práctica masiva, que se hizo sobre varios abogados y a todas las personas detenidas en Ezeiza, indiscriminadamente. Sin dudas, un espionaje ejecutado por la inteligencia argentina a petición de la administración anterior”, expresó Rúa.
“Cabe agregar –continuó el abogado– que después de que un juez federal concluyera que más de 200 conversaciones entre presos y sus abogados fueron interceptadas y que había áreas del gobierno que utilizaban esa información para actuar como contraparte de los defensores, decidimos presentar esta nueva denuncia ante la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU”, detalló.
La causa
El espionaje al que hace referencia Rúa se habría producido entre enero y febrero de 2019 y sus víctimas habrían sido los presos de la causa de los conocidos cuadernos, entre los que se encuentran los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y diversos empresarios con sus respectivos abogados. El caso cuadernos involucra a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a miembros de su gabinete, que habrían recibido sobornos a cambio de contratos públicos.
El exmandatario también se ha visto involucrado en otro caso de espionaje, en el caso del submarino ARA San Juan, en el que se investiga si desde el gobierno se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018.
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Entrevista a Alejandro Rúa.
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