La denuncia fue impulsada por habitantes afectados por desbordes cloacales que, según relataron, llevan más de tres años sin solución definitiva. Adriana Corbalán, integrante de la Asamblea por el Agua, explicó en el programa Podría Ser Peor, de Radio U, que las muestras fueron analizadas en el laboratorio de biotecnología de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO. “Hemos sido los vecinos los que, juntando pesito por pesito, logramos pagar el informe para tener respaldo científico sobre el agua y los alimentos que consumimos”, señaló.

Según detalló, los estudios incluyeron agua de domicilios cercanos al desborde cloacal, canales de riego y surgentes utilizados por familias del lugar. “Hace más de tres años que tenemos esta problemática sanitaria y ambiental, con un desborde de aguas cloacales que termina entrando a las casas, jardines y acequias”, agregó.

La presentación judicial se realizó en la Fiscalía N.º 28 y quedó incorporada al expediente junto con un acta de constatación. En paralelo, la Dirección General de Irrigación difundió un comunicado en el que aseguró que “los parámetros de calidad del servicio de agua potable se mantienen dentro de los rangos establecidos por la normativa vigente”.

Frente a esto, Corvalán sostuvo: “Nos parece lógico que hagan una contramuestra, pero durante todo este tiempo fuimos nosotros quienes tuvimos que insistir para que se hicieran controles”. Además, advirtió sobre el impacto social y económico de la situación: “No es una vida digna. También afecta a los productores, porque las hortalizas de la zona pierden valor por el miedo a la contaminación”.

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