La exjueza del máximo tribunal mendocino Aída Kemelmajer de Carlucci aseguró que el problema central es el miedo a que la mujer decida si quiere continuar o no con su embarazo. Explicó que jurídicamente existe una puja de derechos, que se resuelve con base en el principio de proporcionalidad.
El Ejecutivo oficializó la designación de nueve conjueces, entre quienes está la jurista mendocina, una de las redactoras del Código Civil y Comercial.
En el debate que el país sostiene sobre el proyecto para regular la práctica que permite la interrupción voluntaria del embarazo, muchos han tomado ambos conceptos como sinónimos. Sin embargo, en el aspecto jurídico, implican cosas distintas.
La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci explicó que la norma, que entra en vigencia dentro de un mes, establece que el bienestar de los niños y niñas es responsabilidad de todos los que los rodean.
Lo dijo Marisa Herrera, una de las juristas que trabajó en la elaboración de la norma. Brindó la charla inaugural de una diplomatura organizada por la Facultad de Derecho de la UNCUYO.